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Lavado de dinero

Escrito por  Eduardo López Betancourt Jun 01, 2020

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es conocido más comúnmente con el nombre de lavado de dinero. Forma parte de los delitos de cuello blanco. El lavado de dinero es el proceso por medio del cual se oculta la existencia, fuente, destino o aplicación ilegal de recursos, bienes o derechos provenientes de cualquier “actividad ilícita”, con el propósito de que dichos recursos parezcan legítimos.

Se dice que los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, son producto de una “actividad ilícita”, cuando existen indicios fundados o certeza de que provienen directamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no puede acreditarse su “legítima procedencia”.

La persecución de este delito ha sido indicada por agentes internacionales. Así, principalmente, Grupo de Acción Financiera Internacional, (GAFI), considera desde hace un par de décadas que los elementos distintivos del delito son: a) la transformación o transferencia de bienes, sabiendo que provienen de actos delictivos, con miras a disimular o disfrazas su origen ilícito o ayudar a cualquier persona implicada en la comisión de tales actos con el objeto de sustraerla de las consecuencias legales de los mismos; b) el encubrimiento o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, localización, cesión, movimientos, derechos en relación con tales bienes o la posesión de los mismos, sabiendo que provienen de una infracción; c) la adquisición, tenencia, o utilización de bienes si el adquiriente, detenta o utiliza, sabedor en el momento de recibirlos que provienen de una infracción o de la participación en una de esas infracciones.

El delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, se creó con el fin de proteger diversos bienes jurídicos: en virtud de que la legitimación de las ganancias es un aspecto indispensable para toda organización criminal, al combatir este proceso no sólo se busca contribuir a la captura y desmantelamiento de la delincuencia organizada, con lo cual se protege la seguridad pública y la administración de justicia; sino que también se protegen los demás bienes jurídicos que en determinado momento, pueden verse afectados por los grupos criminales que laven sus ingresos ilícitos, como podría ser el patrimonio, la salud, o la vida de las personas. Y por supuesto, no debe ignorarse que se busca proteger el adecuado y lícito cause de las operaciones bancarias y financieras, y con ello de la economía, tanto pública como privada.

Los orígenes del lavado de dinero, suelen encontrarse en el fortalecimiento de las grandes organizaciones criminales surgidas durante el siglo pasado. Es interesante revisar la historia al respecto, la práctica criminal comienza en los Estados Unidos de Norteamérica, en la décadas de la ley seca y la mafia, con nombres conocidos en la cultura popular como Al Capone y Lucky Luciano. Según se refiere, estas mafias crearon compañías (lavanderías) para ocultar el dinero proveniente de ilícitos en Chicago.

Nuestro país, desde 1990, ha participado activamente en los esfuerzos internacionales por combatir el delito de lavado dinero, no sólo actualizando el marco jurídico interno, sino también por medio de acciones contra las principales organizaciones delictivas caracterizadas por practicar este delito. Entre otras medidas, nuestro país es miembro del GAFI, antes mencionado.

En México, el delito de lavado de dinero, fue introducido inicialmente con fecha 28 de diciembre de 1989, en el Código Fiscal de la Federación, al que se adicionó el artículo 115-Bis, el cual tuvo una vigencia del 1 de enero de 1990 al 13 de mayo de 1996. El citado artículo fue reformado por decreto publicado el 3 de diciembre de 1993 (entró en vigor el 1 de enero de 1994). En esa misma fecha, se modificó la legislación procesal, para elevar el lavado de dinero, a la categoría de delito grave.

Fue mediante decreto publicado el 13 de mayo de 1996, que se adicionó al Código Penal Federal el capítulo II del Título Vigésimo Tercero, “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, artículo 400 bis. n