La Jornada Guerrero - Miércoles, 27 Diciembre 2017

Culpa al gobierno de Calderón del asesinato de 2 normalistas en la autopista en 2011


Tras el fallido arranque de precampaña de Ángel Aguirre en Ayutla, y luego de mantenerse en silencio y sonriendo al escuchar los gritos de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, se acercó para generar un diálogo con ellos.

El precandidato de la coalición Por México al Frente, de los partidos PAN-PRD-MC, para el distrito federal 08 de la Costa Chica del estado, Ángel Aguirre Rivero, responsabilizó al gobierno federal por el desalojo armado en la autopista del Sol en diciembre de 2011, así como el asesinato de Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera, que fueron abatidos durante este hecho.

Dijo a las madres y padres presentes que la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas en septiembre de 2014, debe investigarse qué autoridades estuvieron coludidos por la delincuencia organizada.

El vocero de los padres, Melitón Ortega, le dijo que la calidad moral no existe en su persona y que seguirán en su contra hasta que no les queden fuerzas para seguir, ya que él es responsable de un crimen de estado. “No busquen en el gobierno estatal, fue el gobierno federal quien asesinó a los dos jóvenes”, refiriéndose a los asesinados en 2011, asegurando que el ex presidente panista Felipe Calderón era quien daba las órdenes a la Policía Federal, “ellos fueron los que llegaron armados al lugar”, respondió Aguirre.

Además le reclamaron que a más de tres años de la tragedia de Iguala, no han tenido respuestas y que incluso se han manejado respetuosamente hacia su persona.

“Yo soy el primero que quiere saber donde están los jóvenes... si tengo la calidad moral, para hacer precampaña, no tengo nada de que avergonzarme”, expresó Aguirre Rivero mientras escuchaba a los padres, “de todo corazón, soy el primero en coadyuvar y ponerme a sus órdenes”.

Publicado en Política

Ciudad de México, 27 de diciembre.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respeta la determinación tomada por el Ejecutivo Federal de no ejercer la atribución que le confiere el artículo 72 Constitucional para formular observaciones al proyecto de Ley de Seguridad Interior, pero lamenta, a la vez que se deje de lado la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento.

Desde el inicio del proceso legislativo, la CNDH, académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil e instancias nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, plantearon la utilidad y pertinencia de llevar a cabo un diálogo de esas características, que atendiera la problemática que nuestro país enfrenta en materia de seguridad y justicia, con pleno respeto al marco constitucional que nos rige y a los derechos humanos, sin menoscabo del cabal ejercicio de las atribuciones estatales.

Este llamado no fue atendido por la Cámara de Diputados, el Senado de la República y tampoco se pudo concretar mediante la intervención del Poder Ejecutivo Federal. Su ausencia impidió la construcción de consensos entre la sociedad que habría evitado la polarización de posiciones implícita en la solución por la vía jurisdiccional.

La CNDH reitera su convicción de que la Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, que se afecte el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana.

La Ley contraviene principios reconocidos Constitucional y legalmente en materia de transparencia y acceso a la información, protección a las víctimas y respeto a la defensa de los derechos humanos, pues mientras en términos de su artículo 9º toda la información vinculada a su aplicación será reservada, con independencia de su contenido o relevancia, la Ley impone en su artículo 21 a organismos como la CNDH, la obligación de proporcionar a la autoridad toda la información que se les requiera respecto de asuntos que se consideren amenazas o riesgos a la Seguridad Interior.

Publicado en Sociedad y Justicia

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