La Jornada Guerrero - Lunes, 09 Diciembre 2019

Exigen al Legislativo presupuesto anual para prepas populares


Atoyac, 9 de diciembre. Alumnos y maestros de la Preparatoria Popular de la comunidad de El Quemado, en Atoyac, instalaron un retén informativo en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del crucero de la Y, para entregar volantes en los que exigieron a los miembros del Congreso local que asigne un presupuesto anual a esa institución educativa, que permita resolver sus necesidades básicas de alumnos, maestros y la construcción de infraestructura.

Asimismo, el reconocimiento oficial de todas las escuelas en la entidad, de sus profesores y que los planteles sean incluidos en el subsistema existente o la creación de uno para absorber a todas las Preparatorias Populares que hay en Guerrero.

En entrevista, Carlos Santiago Hipólito, director de la escuela, manifestó que la mayoría de las Preparatorias Populares se encuentran en localidades de alta marginación, a las que asisten alrededor de 10 mil estudiantes y que son atendidos por 800 profesores, quienes perciben un salario aproximado de 3 mil pesos cada uno en promedio y carecen de aguinaldo, prestaciones, seguro médico, vacaciones pagadas, aumentos salariales o algún tipo de jubilación, “lo que con el presupuesto que reciben las escuelas es muy difícil pagar”, aseguró.

Abundó que en el caso de las aulas, éstas son construidas por los propios padres de familia con la cooperación de los habitantes de la población, y con la ayuda de algunas autoridades municipales comprometidas con la educación de los jóvenes de sus municipios.

Agregó que la manifestación es con el fin de demandar que se cumplan los acuerdos pactados en diciembre de 2018 con el gobierno del estado, el Congreso local y la Universidad Autónoma de Guerrero, para resolver pronta y totalmente la problemática de las Preparatorias Populares, y añadió que son los actores de esos centros de enseñanza, como estudiantes, docentes, directivos y autoridades inmersas dentro del proceso, los que propongan las soluciones, en vez de que sean impuestas desde afuera de los planteles.

Publicado en Sociedad y Justicia

En apoyo, van desde Acapulco afiliados a Ceteg, encabezados por Adolfina Bautista


Tecpan, 9 de diciembre. Unos 30 profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) tomaron la delegación de los Servicios Educativos en Costa Grande para exigir a las autoridades de la Secretaria de Educación Pública (SEP) que cumplan los acuerdos pactados con anterioridad, para la regularización, recategorización, retabulación y basificación de los maestros en escuelas de la región.

De acuerdo con Said López Gómez, coordinador regional de la Ceteg, la movilización y las protestas se realizaron sólo en las oficinas educativas en Tecpan y Zihuatanejo, porque así lo acordaron los docentes de esta región que participaron en la asamblea regional realizada a finales del mes pasado.

En entrevista, José Faustino Rebolledo, gestor de la Ceteg en la región, indicó que los cetegistas exigen la regularización de la función de los directores y supervisores, los cuales, en algunos casos, llevan hasta 10 años sin que se regularicen sus pagos.

También la recategorización de los trabajadores administrativos y de Intendencia que cubren espacios de docentes por las necesidades que existen en las escuelas.

En ese punto, dijo que los miembros de la Ceteg de Costa Grande se han quedado en espera de las recategorizaciones, luego de que las autoridades las han llevado a cabo con trabajadores de otras regiones y de otras expresiones sindicales, “pero a la Ceteg de Costa Grande no le ha tocado nada, a pesar de que son compromisos firmados en minutas y de que los compañeros cuentan con el perfil y su título profesional”, apuntó.

Asimismo, dijo que exigen la retabulación de los docentes que están en Zihuatanejo y Acapulco que cuentan con un documento emitido por la dirección de Personal, a quienes la autoridad se rehúsa a ayudar con el pretexto de que no hay recursos económicos.

También demandaron la basificación de los trabajadores que llevan varios años trabajando por contrato, porque las autoridades de Guerrero, de la dirección de Gestión y Control de Plazas, se niegan a descongelarlas.

Faustino Rebolledo asentó que los acuerdos fueron resultado de las mesas de trabajo que la Ceteg sostuvo con el gobierno del estado en Tecpan Atoyac y Zihuatanejo, en los pasados seis meses, sin que hasta hoy se cumplan.

Para la toma de la delegación regional, los maestros contaron con el respaldo de cetegistas de Acapulco, encabezados por Adolfina Bautista Vázquez, delegada de Acción Política de la Ceteg en esa región, quien lamentó el incumplimiento de las autoridades a las minutas de acuerdos firmadas con los representantes de la organización magisterial anteriormente.

Los cetegistas informaron que la toma del inmueble y de las oficinas educativas en Zihuatanejo durará dos días.

Publicado en Política
Lunes, 09 Diciembre 2019 23:56

Probidad en el gobierno

En ocasión anterior comentábamos la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada el pasado 19 de noviembre en el Diario Oficial. Siguiendo con el comentario de este ordenamiento, es de interés lo que establece respecto al comportamiento austero y probo que es obligado a los servidores públicos. El primer aspecto se refiere a la sujeción a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determine en los presupuestos de egresos, considerando las bases constitucionales. Esto supone la prohibición de la obtención de cualquier privilegio económico adicional a lo establecido en la ley. El objetivo es claramente, como se ha señalado en múltiples ocasiones, terminar el enriquecimiento a costa de la administración.

En general, la administración de los recursos deberá seguir principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y mejora permanente del servicio público. Estos principios se acompañan de otras obligaciones expresas; por ejemplo, lo que apunta el artículo 21 de la ley, que establece que los funcionarios deberán cuidar los bienes muebles e inmuebles que utilicen o estén bajo su resguardo y que les sean otorgados para el cumplimiento de sus funciones. Igualmente, deberán brindar en todo momento un trato expedito, digno, respetuoso y amable a las personas que requieran sus servicios, honrando así el principio del derecho humano a la buena administración pública.

Estos deberes se complementan con prohibiciones; el mismo artículo señala que los servidores públicos tienen prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad e ingerir bebidas alcohólicas en el horario y centro de trabajo. Igualmente, tienen prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad.

Asimismo, se prohíbe de manera expresa la nociva práctica del nepotismo. La ley señala con claridad que está prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan por razón de su empleo, cargo o comisión, para que de manera directa o indirecta designen, nombren o intervengan para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio público a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.

El artículo 22 abunda en estas limitantes, estableciendo que está prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, Condiciones Generales de Trabajo o contratos colectivos de trabajo.

Por otro lado, el artículo 23 señala que ningún servidor público podrá utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los relacionados con sus funciones; su contravención será causa de responsabilidad administrativa.

Esta conductas se refieren a faltas administrativas graves e ilícitos penales bien conocidos, como peculado, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. Sin duda, es bueno reiterar que ese tipo de picardías quedan proscritas y han de sancionarse adecuadamente. Sin embargo, esperamos que el cambio hacia la probidad realmente trascienda en la realidad, y no se quede como otras tantas veces en el simple texto de la ley. n

Publicado en Artículo

El anuncio de la directora de Catastro e Impuesto Predial del municipio de Acapulco, Tania Sámano González, en el sentido de que no habrá aumento a las tarifas del impuesto predial el próximo año, sino que sólo se actualizará la base gravable en 0.4 por ciento, podría resultar engañoso para unos y confuso para otros.

Es decir que aunque no se elevará el impuesto, el contribuyente pagará más que el año pasado. Es un hecho.

El ayuntamiento no necesita incrementar la tasa impositiva para cobrar más, sino que basta con subir la base gravable: así, si un predio está cotizado en 200 mil pesos, y el ayuntamiento lo tiene evaluado en 100 mil, lo único que tiene que hacer es elevarle el valor, por lo que aun pagando la misma tasa impositiva, el causante tiene que desembolsar más.

Recurren al galimatías para no decir que, sea como sea, la gente tendrá que asignar una mayor cantidad de sus ingresos para cubrir esta obligación; tienen pavor a perder popularidad, sobre todo que se acercan ya las elecciones de 2021.

Es poquito, insinúan; y sí, es poquito para la alcaldía, no así para un ciudadano que, ganando el salario mínimo, tiene esposa y tres, cuatro o cinco hijos en la escuela, que se encuentra entre la disyuntiva de pagar el predial o dejar sin comer a su familia.

Y si bien es cierto que, en algunos sectores, como las colonias populares, la base gravable es inferior al costo real del predio, no menos cierto es que, como lo admite la titular de Catastro, hay 38 por ciento de contribuyentes morosos, propietarios de inmuebles, no en colonias ubicadas en el anfiteatro, sino en la zona turística.

Hincan, pues, el diente al causante cautivo, al que siempre cumple, y se muestran condescendientes con gente pudiente que posee inmuebles en zonas privilegiadas.

Así lo confirma prácticamente el síndico administrativo, Javier Solorio Almazán, al sostener que la franja que comprende de la Base Naval al fraccionamiento Pichilingue es de las zonas donde hay más deudores del predial en Acapulco.

Advierte que en el municipio hay unos 270 mil contribuyentes, de los cuales unos 109 mil no pagan el impuesto predial desde hace muchos años, con lo que el ayuntamiento deja de ingresar a sus arcas 100 millones de pesos anuales

Reconoce que “los principales deudores del predial no son los ciudadanos que viven en colonias populares, sino los que tienen grandes propiedades en fraccionamientos”.

Así es como la alcaldía ha manejado su principal fuente de ingresos; ahora está por verse si la 4-T está realmente dispuesta a dar un giro a la inequidad, la omisión y la complacencia, o termina haciendo lo que critica. n

Publicado en Editorial

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