La Jornada Guerrero - Miércoles, 18 Diciembre 2019

Tlapa, 18 de diciembre. Durante la tarde noche de este miércoles trascendió la noticia de la supuesta detención del jefe de gabinete del ayuntamiento de Tlapa, Marco Antonio García Morales, por la Fiscalía General del Estado por el caso del asesinato del líder indígena Arnulfo Cerón Soriano.

Según información recabada por este reportero, alrededor de las 5 de la tarde, agentes de la Policía Ministerial Investigadora (PIM) detuvieron García Morales cuando salía de un restaurante en la avenida Paseo Celeste, cercana al centro de esta ciudad.

Su detención esta relacionada con el caso de la desaparición y asesinato del líder indígena e integrante del Frente Popular de La Montaña (FPM), Arnulfo Cerón Soriano, quien fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina.

Marco Antonio García Morales fue en dos ocasiones presidente del municipio de Alpoyeca por el PRD, posteriormente le dieron la candidatura por Morena para ser candidato a presidente municipal de Tlapa, pero tras una impugnación, su candidatura fue suspendida, y quedó su suplente como alcalde y, después de ganar las elecciones, García Morales ocupaba hasta la fecha el cargo de jefe de gabinete del ayuntamiento.

Desde la desaparición de Arnulfo Cerón Soriano, los integrantes del Frente Popular de La Montaña señalaban a García Morales y al presidente municipal de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo, de ser los principales sospechosos, es por ello que hasta la fecha el FPM mantienen tomado el ayuntamiento exigiendo a la Fiscalía dar con los autores intelectuales del crimen.

Publicado en Sociedad y Justicia

Convocan a pueblos originarios al Congreso y asisten pocos legisladores

Representantes de las cuatro etnias guerrerenses manifiestan sus demandas en el recinto

La escasa participación legislativa impide que sus voces y sus reclamos sean escuchados, dicen


Chilpancingo, 18 de diciembre. En el Primer Parlamento de Lenguas Indígenas en Guerrero los participantes reprocharon la poca presencia de los diputados locales, que dijeron orilla a que sus voces no sean escuchadas ni tomadas en cuenta en demandas de la preservación de estas, salud, educación y la homologación de la Norma 046 para permitir la interrupción del embarazo sin la autorización del Ministerio Público en caso de violación.

El Congreso de estado, en coordinación con la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (Saica) convocaron a mujeres y hombres de los pueblos originarios de las cuatro etnias del estado, nahua, tlapaneco, mixteco y amuzgo, para que en sus idiomas manifestaran cada una de las demandas que viven sus pueblos.

Al Congreso asistieron 46 hombres y mujeres de diferentes pueblos del estado, y la presentación corrió a cargo de los diputados locales Leticia Mosso Hernández, Arturo Martínez Núñez y Aracely Alvarado González.

Al principio estuvieron integrantes de la Mesa Directiva, sin embargo, al poco tiempo apenas y se vieron de dos a tres diputados.

La diputada Leticia Mosso resaltó que en Guerrero hay 15.3 por ciento de indígenas, cifras que representan a una sociedad que, a través de su lenguaje, sobreviven, conviven y han logrado persistir, y de los que no se ha logrado retribuir su esfuerzo.

El titular de la Saica, Javier Rojas Benito, resaltó que cuando se habla una lengua diferente se tiene una cosmovisión diferente del universo, y que con la lengua materna es ser poseedor de una riqueza cultural más grande del pueblo guerrerense.

Algunas de las participaciones que destacaron durante el parlamento fue la de la me´phaa Nancy Aguilar Moreno, quien propuso que las cuatro lenguas se nombren patrimonio cultural del estado, para ser valorados, pues son los que dan la cara en el estado; además de que haya traducción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las cuatro lenguas para poder defender sus derechos, porque muchas de las veces les asignan un traductor que sólo busca beneficios económicos y sociales.

La docente de la Universidad Intercultural del Estado, Lucía Basilio Felícitas, originaria de Ayutla, destacó que las lenguas del estado deben ser impartidas en todas las escuelas de todos los niveles educativos para conservarlas, y pidió traductores capacitados para espacios públicos como centros de salud.

Abad Carrasco Zúñiga demandó el impulso de una política pública para el fortalecimiento de la identidad y las lenguas, y que por ello se requiere una planeación lingüística.

Además, dijo que se debe hacer uso oficial de las lenguas en todas las instituciones de los tres niveles de gobierno, con el que se incorporen especialistas de las lenguas, intérpretes capacitados en los distintos programas estatales y federales.

Agregó que se requiere de apoyo a migrantes para el aprendizaje y enseñanza de las lenguas para preservarlas; libros gratuitos de todos los niveles de la educación obligatoria, y la incorporación del calendario escolar como el 21 febrero Día Estatal de las Lenguas Indígenas.

Samuel Enrique Procopio indicó que los pueblos indígenas están en el olvido, pobreza extrema y existe discriminación étnica.

Remarcó que no se atiende la educación indígena, el rezago educativo para acabar con la ignorancia, que tampoco se tiene una política pública que ayude a elevar el nivel económico de las familias, un programa que subsidie a los pueblos, las costumbres y tradiciones, vestimenta, formas de vida de los pueblos que experimentan un proceso gradual de extinción.

Publicado en Política
Jueves, 19 Diciembre 2019 00:25

Una prueba más para la 4T

El acuerdo entre las instituciones de crédito que operan en México y el SAT, merced al cual los comercios expedirán la factura correspondiente en el momento mismo del pago de la compra, es una especie de prueba de fuego para el gobierno de la 4T.

Conforme se ha difundido la información relativa a tal acuerdo, una ola de advertencias acerca del peligro que tal medida implicaría para el ciudadano empieza a recorrer el país.

En síntesis, la advertencia es que este acuerdo permitirá al gobierno vigilar las finanzas de los ciudadanos que pagan sus compras con tarjeta de crédito o de débido, con miras a criminalizar a aquellos que tengan ingresos insuficientemente explicados, lo cual sería detectado al comparar sus gastos con sus ingresos declarados. Egresos mayores que los ingresos declarados constituirían una inconsistencia que haría a quien la comete acreedor a una multa del SAT, si no es que a una investigación más profunda.

Por supuesto, dicen, la reacción más probable y más generalizada es que los tarjetahabientes cancelen ese medio de pago y de entonces en adelante paguen en efectivo.

No está claro cuánta certeza hay en esta previsión. Es bien sabido que el uso de efectivo dificulta dar seguimiento al dinero, lo cual no ocurriría si todo mundo empleara medios de pago que dejan registro, como las tarjetas de crédito o de débito y los cheques nominativos. Pero en México casi todos los ciudadanos emplean sólo efectivo, si bien desde hace años las autoridades han emprendido acciones para incentivarlos a usar tarjetas.

Pero la pregunta es: ¿cuánto ha calado en el ánimo de los ciudadanos las pretensiones moralizadoras del gobierno que desde hace un año conduce los destinos del país? Un año es un plazo razonable para empezar a medir resultados, en especial si se trata del objetivo prioritario de la administración: la moralización de la sociedad, sobre todo si se parte de la premisa que ha expresado en innumerables ocasiones el mismo presidente de la República: “el pueblo es bueno y es noble”.

Partiendo de ese supuesto, lo lógico es que la gran mayoría recibiera gustosa, incluso con alborozo, la buena noticia de que a partir de enero sus finanzas personales estarán a la vista del órgano fiscalizador del Estado, porque “el que nada debe nada teme”, como lo ha dicho también el Presidente.

Pero tal vez ni las autoridades tengan tal pretensión fiscalizadora totalitaria, ni todos los ciudadanos estén dispuestos a cancelar sus tarjetas, no por otro motivo, sino sólo porque no tienen nada que esconderle al fisco: sus ingresos están debidamente documentados, al igual que sus egresos.

De hecho, que les expidan la factura al momento de pagar puede ser para ellos una facilidad más para cumplir sus obligaciones fiscales, y quizá hasta lo vean como una ventaja.

Por eso es que esta medida será una prueba de fuego: ¿cuántos cancelarán sus tarjetas para que el SAT no se dé cuenta de cómo administran sus finanzas? n

Publicado en Editorial

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