La Jornada Guerrero - Domingo, 29 Diciembre 2019

Demandan la presencia de la Guardia Nacional para que brinde seguridad en la zona

Denuncia el Centro Morelos agresiones de la Policía Estatal contra pobladores desplazados

Solicitan habitantes de Leonardo Bravo la intervención de los gobiernos federal y estatal


Chilpancingo, 29 de diciembre. Habitantes de la comunidad de El Naranjo, municipio de Chichihualco, denunciaron que este sábado se registró una balacera que duró aproximadamente ocho horas y que dejó como saldo un joven muerto.

Por ello, exigieron la presencia de la Guardia Nacional para que brinde seguridad en los poblados.

La mañana de ayer sábado, pobladores de El Naranjo denunciaron en redes sociales, que entre las 8 y 9 de la mañana comenzó una balacera, la cual duró unas ocho horas, en la que murió el familiar de un desplazado de la comunidad de Izotepec, de nombre Isair López Salgado, de 17 años.

Los habitantes de El Naranjo son desplazados a causa de la violencia que viven sus pueblos desde hace ya un par de años, y a pesar de que este sábado reportaron a las autoridades del estado el tiroteo, fue hasta la tarde cuando se envió un convoy integrado por la Guardia Nacional, el Ejército y la policía estatal.

Al llegar el convoy –integrado por más de 20 camionetas– los pobladores bloquearon el paso de El Naranjo a la cabecera municipal, y retuvo al convoy, pues exigían la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño y la permanencia de los soldados para poder brindar seguridad a los pobladores. Sin embargo, los manifestantes fueron replegados a empujones, golpes, e incluso algunos policías estatales cortaron cartucho y apuntaron hacia los inconformes.

Esta mañana, el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández denunció en conferencia de prensa, “las arbitrariedades hechas por la Policía Estatal”, a quien señalaron de haber agredido a los manifestantes, e incluso de haber robado pertenecías como dos celulares, dos mochilas, dos computadoras así como dinero en efectivo.

Olivares Hernández explicó que desde el viernes se les informó que en la comunidad de El Carrizal se estaba realizando un ataque de un grupo armado que quería apoderarse de la comunidad y el sábado por la mañana había otro ataque contra la comunidad de El Naranjo, por lo que el Centro Morelos se trasladó al lugar para apoyar a la comunidad y al saber que iba en camino un convoy de seguridad, la decisión de los pobladores fue retenerlos una vez en el pueblo para que se mantuvieran en la comunidad y colocar los retenes acordados desde el 27 de marzo cuando se firmó una minuta con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas; los retenes estarían ubicados en la salida de El Carrizal, uno a la salida de El Naranjo y otro más a la altura de La Quebradora a la salida para Chilpancingo.

Aseguró que el operativo estuvo encabezado por los policías estatales, a quienes responsabilizó del desalojo: “hubo muchos empujones, hubo mucha violencia; la Guardia Nacional no intervino, no nos empujó, no los elementos del Ejército; prácticamente fue la Policía del Estado la que estuvo al frente del desalojo y los más violentos, cortaron cartuchos y apuntaron directamente hacia las personas”, por lo que responsabilizó al gobernador Héctor Astudillo Flores.

Los pobladores de El Naranjo urgieron al gobierno federal, al estatal, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, su intervención en los hechos de violencia en la comunidad de El Naranjo, así como la presencia de la Guardia Nacional en el lugar para poder garantizar la seguridad de los pueblos.

Publicado en Sociedad y Justicia

Anuncia que se reunirá en la Ciudad de México con el director de la Comisión


La alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, dijo que no le interesa si los estudios que mandó a realizar a las playas del puerto con un laboratorio externo no son avalados por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que lo que le interesa es que las playas estén limpias.

Afirmó que el laboratorio Ista, encargado de realizar los estudios, está certificado por la Cofepris y explicó que los mandó a realizar a un laboratorio externo para que hubiera uniformidad con los estudios que hizo este organismo.

En declaraciones tras entregar apoyos para vivienda en la Unidad Deportiva Vicente Suárez, la alcaldesa declaró que si la Secretaría de Salud no aprueba que se hagan estudios de las playas en otros laboratorios, debería de quitarle la certificación a todos los laboratorios del país, esto luego de que el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, dijo que la Cofepris es la única instancia capacitada para evaluar las playas.

“Tendrían que quitarle la patente o la certificación a todos los laboratorios del país que operan en toda la franja turística; el laboratorio con el que trabajamos es un laboratorio certificado por Cofepris. Si es a través del (laboratorio estatal) Galo Soberón y Parra no puedo contratar al mismo, tiene que hacer otros laboratorios, como se acordó en el Comité de Playas Limpias, de que hubiera otros laboratorios para que el mismo día, la misma hora, se realizaran las pruebas y pudiera haber uniformidad en los resultados”.

Román Ocampo añadió que el laboratorio Ista se comprometió a entregar los resultados de los estudios de las playas este lunes y comentó que de acuerdo con resultados preliminares, solo una playa del puerto rebasa los índices de contaminación permitidos, de la cual no precisó el nombre.

“Yo les dije que en cuanto tuviera el resultado lo iba a dar a conocer, anoche hablé con la química y quedó formalmente que el día lunes nos entregaba los resultados y como un adelanto nos decía que de las playas mencionadas solamente una es la que rebasa los estándares que la normatividad establece”, explicó.

Al preguntarle qué pasará si la Cofepris no avala los resultados del laboratorio externo, respondió: “si no se avala por Cofepris no me interesa, no me interesa, me interesa que las playas estén limpias”.

Agregó que cuando asumió la presidencia municipal encontró que había certificados que acreditaban como limpias a todas las playas de Acapulco, pero que estos eran pagados por la anterior administración.

“Cuando yo llegué encontré una pared llena de la presidencia en donde estaban certificadas todas las playas de Acapulco. Reuní Ecología, reuní Capama, reuní las dependencias involucradas y me dijeron ‘pagaban para que les daban estos certificados (sic)’, la orden fue ‘quítenme todos esos certificados que son una mentira, vamos a limpiar Acapulco y vamos a entrarle con todo’”.

La alcaldesa indicó que no le molesta que la Cofepris alerte sobre las playas contaminadas, como lo hizo recientemente con las playas Suave, Icacos y Manzanillo.

Adelantó que incluso se reunirá con el director general de la Cofepris, para pedirle que se hagan en Acapulco trabajos especiales en materia de prevención de riesgos a la salud.

“No me preocupa que Cofepris siga insistiendo en alguna situación, porque yo voy a estar con el director general de la Cofepris en México y voy a solicitar que vengan a hacer trabajos especiales que ellos tienen que desarrollar en salud, en basura, en contaminación de playas, en todo lo que se refiera a la salud y al medio ambiente que compete a ellos para que me digan ‘a ver presidenta, aquí tienes este foco rojo’, pues vamos a corregirlo”.

Enfatizó que el municipio sigue haciendo lo que le corresponde para evitar la contaminación en las playas, poniendo como ejemplo la clausura de 146 descargas clandestinas de aguas hacia el mar en este año.

Román Ocampo reiteró que no hay cancelaciones de reservaciones de hotel a consecuencia de la alerta por las playas contaminadas, “está llegando la gente por tierra, por aire, en autobuses públicos, en autobuses particulares porque vienen a la pirotecnia”.

Publicado en Política

Desmiente Morena que recibiría la gubernatura a cambio de impunidad

En enero del 21 recibirá el gobernador una diputación para su hijo, divulga en redes el ex priísta

Es un personaje menor que constantemente golpea e insulta, afirma Arturo Martínez Núñez


Chilpancingo, 29 de diciembre. El vicecoordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Guerrero, Arturo Martínez Núñez, consideró como una aberración la publicación del ex priísta Rubén Figueroa Smutny, al asegurar que el gobernador Héctor Astudillo Flores entregará el gobierno a cambio de impunidad.

El pasado viernes, el ex diputado local por el PRI y ex candidato a la alcaldía de Acapulco por el Partido Nueva Alianza (Panal), publicó en su página de Facebook que Astudillo pediría licencia para entregar a Morena, el gobierno de Guerrero, a cambio de impunidad.

“En enero del 21 Astudillo va a pedir licencia para entregar el gobierno de Guerrero a Morena a cambio de impunidad y una diputación para su hijo RAC. Al tiempo!!”.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte del vicecoordinador de la bancada de Morena, Arturo Martínez Núñez, quien a través de las redes sociales aseguró que lo publicado por “un personaje que constantemente golpea, insulta y busca pleitos”, es una aberración.

“Respecto a lo declarado por Rubén Figueroa Smutny sobre una supuesta licencia en el 2021 del gobernador Héctor Astudillo Flores para “entregar” el gobierno del Estado a Morena a “cambio de impunidad”, sostengo que es una aberración más de un personaje menor que constantemente golpea, insulta y busca pleitos en redes como método para intentar permanecer vigente, por cierto, sin éxito”, se lee en su página de Facebook.

Martínez Núñez aclaró que Astudillo Flores fue elegido democráticamente por los guerrerenses para un período de seis años, por lo tanto, manifestó que en Morena “somos muy respetuosos de los procesos democráticos y constitucionales”.

El vicecoordinador de Morena señaló que el partido no necesita, ni quieren que nadie les entregue el gobierno, ya que lo que buscan es ganarlo en las urnas. “El gobernador cuenta con nuestro apoyo institucional. Guerrero no necesita más confrontación sino más armonía”.

El hijo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer ya ha hecho publicaciones en ocasiones anteriores, mismas que han causado confrontación entre actores políticos, entre ellos el mismo Astudillo.

En 2012, cuando Smutny y Astudillo eran diputados locales, el hijo del ex gobernador denunció que Astudillo, en ese entonces el coordinador de los diputados locales del PRI, había aprovechado el cargo para pedir favores personales al entonces gobernador Ángel Aguirre.

Dicha situación orilló a Astudillo a renunciar a la coordinación y a la vez acusó a Figueroa Smutny de ser el brazo armado de su padre.

Publicado en Política
Lunes, 30 Diciembre 2019 00:14

Código Militar

La justicia castrense es uno de los ámbitos poco conocidos del derecho nacional; como es natural, su aplicación y estudio se limita al personal militar. Sin embargo, su conocimiento es de interés para todo jurista. En los últimos tiempos, este fuero ha tenido múltiples reformas, entre otras, para ajustar su contenido a las exigencias en materia de derechos humanos que obligan a todas las autoridades del Estado.

El Código de Justicia Militar es el ordenamiento base de esta jurisdicción, publicado en 1933, su última reforma data de junio de 2018. Este ordenamiento se acompaña del Código Militar de Procedimientos Penales, publicado en mayo de 2016.

Entre los delitos que tipifica este código militar en su libro segundo, el título sexto se ocupa de las conductas contra la seguridad exterior de la Nación. Entre esos se incluyen la traición a la patria, el espionaje y los delitos contra el derecho de gentes. Estos últimos resultan de especial gravedad, pues reciben una pena de 30 a 60 años de prisión, y pueden consistir en conductas como la ejecución de actos de hostilidad contra fuerzas, barcos, aeronaves, personas o bienes de una nación extranjera, cuando por esa actitud sobreviniese una declaración de guerra o se produjesen violencias o represalias. Igualmente, son delitos la violación de una tregua, armisticio, capitulación u otro convenio celebrado con el enemigo, si por dicha conducta se reanudaran las hostilidades.

Resulta castigada con pena de 12 años de prisión la realización de conductas contra la población civil, como pueden ser el incendio de edificios, de sementeras, saqueo de pueblos o caseríos, ataque a hospitales, ambulancias o asilos de beneficencia dados a conocer por los signos establecidos, o cuyo carácter pueda distinguirse a lo lejos de cualquier modo, o destrucción de bibliotecas, museos, archivos, acueductos u obras notables de arte; así como vías de comunicación.

También son delitos contra la seguridad exterior la violación de neutralidad o de inmunidad diplomática.

El título séptimo del Código Militar se ocupa de los delitos contra la seguridad interior de la nación, entre los cuales se incluyen la rebelión y la sedición.

La siguiente familia de delitos son aquellos contra la existencia y seguridad del instituto armado, entre los cuales se mencionan la falsificación, el fraude, la malversación y la retención de haberes; el extravío, la enajenación, el robo y la destrucción de lo perteneciente al Ejército, así como la deserción, la insumisión y la traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Otros ilícitos de este grupo son los insultos, las amenazas o las violencias contra centinelas, guardias, tropa formada, salvaguardias, bandera y Ejército, así como los ultrajes y violencias contra la policía, y la falsa alarma.

El siguiente título se ocupa de los delitos contra la jerarquía y la autoridad militar. El primero de estos es la insubordinación, que se presenta cuando un militar, por medio de palabras, ademanes, señas, gestos o de cualquier otra manera, falta al respeto o sujeción debidos a un superior que porte sus insignias o a quien conozca o deba conocer. La insubordinación puede cometerse dentro del servicio o fuera de él.

También son delitos el abuso de autoridad, la desobediencia y la asonada; esta última se presenta cuando en grupo de cinco, por lo menos, militarse se rehúsen a obedecer las órdenes de un superior, las resistan o recurran a vías de hecho para impedirlas. n

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