La Jornada Guerrero - Jueves, 20 Febrero 2020

He recibido llamadas para extorsionarme, evidencia el rector de la Universidad


Chilpancingo, 20 de febrero. Cuatro funcionarios de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), entre los que se encuentra el rector Javier Saldaña Almazán, han recibido llamadas telefónicas del crimen organizado para extorsionarlos, denunció el propio rector.

Atribuyó los telefonemas a presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y aseguró que ya ha presentado la denuncia correspondiente.

Recordó que a principios de este mes recibió una llamada anónima a su teléfono personal, desconociendo hasta el momento cómo consiguieron su número, para pedirle 50 mil pesos para asegurar que él y su familia continuaran con vida.

Dicha llamada fue hecha por presuntos miembros del CJNG, sostuvo. También argumentó que tiene conocimiento de que, aparte de él, otros tres funcionarios de la UAGro han sido amenazados, uno de estos de muerte, por lo que muchos se encuentran temerosos de que pudieran seguirse dando estas llamadas.

Recordó que el pasado 10 de febrero, en las instalaciones de la Rectoría, se recibió la llamada de una persona que se hizo pasar por el secretario particular del gobernador Héctor Astudillo Flores, en la cual le “dijeron que no colgarla que eran de un nuevo grupo que trabaja de parte del presidente de la República… y que encontraron documentos míos, por parte de mi hermano, supongo que por el face”.

Dijo que de inmediato la Policía Estatal llegó a donde se encontraba y ubicaron el lugar donde estaban los teléfonos de los que le habrían llamado.

Posteriormente dijo volvieron a llamarle el pasado 16 de febrero y esta vez también a otros tres funcionarios de la Rectoría, de quienes se reservó sus nombres, y desde entonces ha dejado sin atender otras diez o más llamadas de los mismos números telefónicos procedentes de la Ciudad de México y Acapulco.

Además aseguró que el inicio de su primera campaña como candidato a la rectoría universitaria, es decir hace poco más de ocho años, ha sido intimidado telefónicamente en múltiples ocasiones. El rector desde hace más de un año cuenta con medidas cautelares del estado.

Por otro lado, dio a conocer que la UAGro ha expulsado a tres maestros por hostigamiento hacia los estudiantes, dos por venta de calificaciones y uno por acoso sexual.

Indicó que los tres casos fueron expuestos ante el Tribunal Universitario, además de que existe un cuarto caso por un presunto hostigamiento sexual a estudiantes en Iguala.

“Voy a solicitar al presidente del Tribunal Universitario para que se aplique la ley. Hoy estamos en una ruta de igualdad y no puede haber discriminación para nadie, menos para alguien que tiene alguna discapacidad porque tenemos el mismo valor”, argumentó.

Señaló sin tanto detalle que el docente tiene la oportunidad de defenderse y en caso de no exista la comprobación de su inocencia, en la próxima sesión del Consejo Universitario será expulsado.

Por ello, hizo un llamado a los estudiantes universitarios, para denunciar cualquier tipo de hostigamiento, acoso o arbitrariedad en su contra.

“No vamos actuar en contra de nadie si no es justificable, pero de demostrarse se amerita una expulsión”, advirtió.

Publicado en Sociedad y Justicia

La anuencia tiene que aprobarla los regidores de Olinalá, dice José Juan Herrejón

El ayuntamiento respeta la ley y emitirá el documento cuando lo avalen todos los ediles, señala

El domingo se convocó a una sesión para revisar el proyecto, pero no hubo quórum, afirma


Chilpancingo, 20 de febrero. El alcalde de Olinalá, José Juan Herrejón, aseguró que se analiza la propuesta de desmarcar la comunidad de Temalacatzingo del municipio para crearse como uno nuevo. Sin embargo, precisó que la anuencia deberá ser aprobada por la mayoría del cabildo.

Habitantes de la comunidad de Temalacatzingo tienen tomado el ayuntamiento de Olinalá, ante la negativa del alcalde de dar el acta de anuencia del Cabildo para que se desmarquen del municipio y se conformen en uno nuevo, aun cuando el gobernador Héctor Astudillo Flores, fue quien envió la iniciativa para que se flexibilicen los requisitos para la creación de nuevos municipios, entre ellos el de dicha población.

Al respecto, el alcalde priísta aseguró que se actuará de manera responsable y se atenderán las propuestas de todos los sectores.

Mencionó que en los próximos días se atenderán las demandas planteadas por maestros de ese municipio, así como de comisarios de 9 de las 75 comunidades que lo integran.

El edil informó que el pasado domingo se convocó a una sesión de cabildo en la que se revisaría el proyecto de desagregación de la comunidad de Temalacatzingo, sin embargo, no se concretó el quórum necesario.

“El grupo promotor del proyecto de nuevo municipio insiste en que el dictamen de anuencia se avale de manera económica, sin embargo, les digo que el Ayuntamiento será respetuoso de la Ley y se emitirá dicho documento cuando se tenga el aval de todos los regidores”, dijo.

Publicado en Política
Viernes, 21 Febrero 2020 02:01

Pasta de Conchos, siempre presente

Han transcurrido 14 años desde la tragedia de la mina de carbón en Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, en la que perdieron la vida 65 trabajadores mineros y sólo dos cuerpos pudieron rescatarse. Hoy permanecen sepultados y abandonados los restos de 63 hombres valientes en el fondo de la tierra, a 120 metros de profundidad, sin que se haga justicia para las familias, en un hecho que pudo haberse evitado, pero por la ambición y avaricia, la cobardía y la negligencia criminal de Grupo México, dueño de la concesión, que preside Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, no se haya querido o siquiera intentado seriamente rescatar a los caídos.

Una vergüenza histórica de esta empresa y de su presidente Larrea, que por corrupción y tráfico de influencias ha evitado hasta ahora realizar el rescate, indemnizar a las familias con justicia y dignidad, a la vez que se investiguen propiamente las causas de ese desastre que seguramente cargará en su mente hasta el resto de sus últimos días. Por muy arrogante o intocable que se considere, habrá de enfrentar tarde o temprano la realidad y el juicio de la historia.

Éste es uno de los casos más siniestros en la evolución de la actividad minera de México. No habíamos visto algo parecido en los más de 500 años de la explotación de los metales y hoy todavía, 14 años después de la tragedia, esos señores se pasean y se ostentan como los más ricos de nuestro país a costa del esfuerzo y sacrificio humano.

Además, aún se dan el lujo de criticar y atacar todos los cambios que estamos viviendo actualmente, e incluso se oponen, presionan y chantajean al propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con frenar sus inversiones para mantener a México en el atraso y en el mundo de las injusticias y la desigualdad, con tal de no ceder en sus privilegios, muchos de ellos acumulados con base en abusos e ilegalidades, pero que reflejan que en el fondo de sus seres no quieren a México ni a los mexicanos. Son racistas y les gusta tener a la gente en la opresión y en el abandono para sentirse ellos por encima de los demás. Esta es la degeneración sicológica de los déspotas, los dictadores y los sicópatas, que no sienten nada por el dolor ajeno.

El primero de mayo del año pasado, 2019, el Día del Trabajo, el presidente López Obrador anunció que se iniciarían los estudios y las tareas con apoyo de expertos mexicanos y extranjeros para comenzar el rescate de los mineros y que ordenaba a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social coordinar todas las actividades relacionadas con esos grandes y nobles objetivos de la recuperación de los cuerpos.

Hasta este día todavía no se da a conocer públicamente el avance de los trabajos, pero esperamos que pronto se conozcan con todo el detalle y con eso se pueda adelantar y cumplir con el compromiso en favor de la verdad y la justicia. Los mineros, la clase trabajadora y el pueblo estamos esperando que se haga justicia, caiga quien tenga que caer.

Se trata de evitar que esos tristes y lamentables sucesos vuelvan a repetirse jamás, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. n

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Viernes, 21 Febrero 2020 01:59

Feminicidios, de Ciudad Juárez a Chilapa

Los asesinatos de mujeres en México tienen su antecedente más representativo en Ciudad Juárez, con una ola de feminicidios a gran escala en la década de los 90.

Ciudad Juárez, Chihuahua, está a tres kilómetros de la ciudad de El Paso, Texas, que es uno de los puntos fronterizos más transitados. En el contexto del narcotráfico y de la consolidación del Cártel de Juárez, que controló esta ciudad, se vio incrementado el feminicidio, en medio de una ola de inseguridad y de una presencia policiaca y militar sin precedentes, eran los tiempos de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El TLC generó un fuerte intercambio con Estados Unidos que impactó la actividad económica fronteriza, el establecimiento de maquiladoras, de productoras textiles que concentraron a grandes masas de fuerzas de trabajo de todo el país y trabajadores sometidos a explotación laboral, que laboran de manera precaria, con bajos salarios, sin prestaciones, ni garantías laborales, jóvenes mujeres que hallaron en la maquila una fuente de ingresos para su familia.

El fuerte machismo, las rutas del trasiego de droga, la alta concentración poblacional de mujeres que se dedican a la maquila generaron una oleada de violencia de género; el desierto se convirtió en cementerio, con cadáveres de mujeres violadas y abandonadas a la intemperie; con un común denominador: muy jóvenes, menores de 25 años, y de escasos recursos económicos, abusadas sexualmente, estranguladas, baleadas, acuchilladas, con huellas de tortura y vejación. Sólo entre 1993 y 2005 se registraron 379 feminicidios, pero las organizaciones no gubernamentales han señalado que después de 2010 se pudieron haber generado 300 feminicidios más.

En sus comienzos este fenómeno fue negado por el Estado; los casos no fueron investigados, las víctimas fueron estigmatizadas y revictimizadas al señalarlas como culpables de su infortunio. A lo largo de este tiempo fueron detenidos varios sospechosos; algunos fueron condenados, otros salieron libres al comprobarse que fueron obligados a confesar estos crímenes bajo tortura.

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó tres feminicidios de manera puntual que ocurrieron en 2001, y acusó al Estado mexicano de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal; lo sentenció efectuar un acto público para reconocer su responsabilidad a nivel internacional y a emprender medidas de investigación y de prevención desde las perspectivas de género.

Se trató de minimizar los hechos: el Estado dijo que se trataba de hechos de violencia particulares, que fueron ejecutados por violadores, delincuentes comunes o asesinos seriales o por pandillas fronterizas, o que pudieran estar relacionados con el trasiego de drogas, o que incluso, como lo señala Diana Goldemann, pudieran estar implicados escuadrones de la muerte, por el patrón de las víctimas y el modus operandi, que señalan a grupos que se organizan específicamente para matar mujeres, como un hecho que se está produciendo en un conjunto de personas.

Guerrero, y en particular los municipios de La Montaña y de Chilapa y las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Petatlán, Iguala y Taxco, están padeciendo una ola feminicida; en los primeros 26 días del año se cometieron 24 asesinatos de mujeres. El gobierno no investiga, no da con los responsables, y las víctimas son estigmatizadas y manchada su imagen.

En Chilapa, los feminicidios son recurrentes; las víctimas, particularmente, son menores de edad que han sido torturadas, violadas, abusadas sexualmente y finalmente asesinadas, señaladas una y otra vez de ser miembros de la delincuencia organizada, sin ninguna investigación de por medio, sin pruebas fehacientes, con el único interés de contener el malestar de la población. El gobierno hace lo que sabe hacer: no investigar, permanecer pasivo e inmóvil, y mientras tanto los crímenes no se detienen, no se han activado los protocolos de seguridad, de investigación, ni tampoco de prevención.

En los días recientes fueron asesinadas dos mujeres aspirantes a cargos de elección popular en Chilapa: la priísta Dulce Nayeli Rebaja y la perredista Antonia Jaimes Moctezuma. La violencia parece no detenerse, y el Estado tiene el compromiso de la justicia, de decir no a la impunidad, de reducir la violencia y aplicar la ley.

En Guerrero, el problema es grave. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, descentralizado en la Secretaría de Gobernación, señala que en el estado de México, Guerrero y Chihuahua, se registraron 301, 219 y 212 asesinatos dolosos de mujeres.

La Organización de las Naciones Unidas señala y recomienda que todos los asesinatos de mujeres de entrada sean tratados como feminicidios, para que esta probable causa sea descartada sólo si así lo indican las investigaciones.

En su reportaje, Patricia Dávila, de la revista Proceso, señala que los gobiernos de los estados acordaron que así se hiciera en todo el país, pero no están cumpliendo el estado México, Guerrero y Chihuahua, según señala María Teresa Guerra Ochoa, del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses. n

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