La Jornada Guerrero - Miércoles, 03 Junio 2020

El pasado lunes primero de junio, el Congreso del Estado aprobó los decretos mediante los cuales se reformaron y adicionaron diversas disposiciones en materia político electoral. Los temas que comprendió el trabajo legislativo fueron la armonización de las reglas para la atención a la violencia política en razón de género; el establecimiento de normas para la integración paritaria del Congreso local y los ayuntamientos y reglas para la postulación de candidaturas indígenas en diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos; entre otras disposiciones que vendrán a completar las bases sobre las que habrá de desarrollarse el próximo proceso electoral de gubernatura, diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos de la entidad.

En ese sentido, se homologa el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de Partidos Políticos. Asimismo, se define de manera clara la competencia de cada una de las autoridades, se establece la prohibición a los distintos participantes de los procesos electorales de incurrir en conductas que puedan constituir violencia política en razón de género, así como las sanciones aplicables en caso de su infracción; se establecen medidas cautelares o de protección y, en su caso, medidas de reparación a las víctimas de este tipo de infracciones; finalmente, se prevé que el instituto electoral lleve un registro de las personas que incurran en violencia política en razón de género, con el propósito de establecer un mecanismo de control que permita establecer consecuencias jurídicas a quienes incurran en este tipo de prácticas ilegales.

Del mismo modo, mediante adiciones a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de la entidad, se estableció la procedencia del Juicio Electoral Ciudadano ante la existencia de cualquier acto u omisión que constituya violencia política contra las mujeres en razón de género.

Se adicionan a los principios de la función electoral los de paridad y perspectiva de género. Asimismo, se agregó una fracción para incluir en los fines y atribuciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO), garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, así como la atribución de su Consejo General de emitir los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Se prevé que la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEPCGRO, desarrolle y ejecute programas de paridad de género y respeto de los derechos humanos, así como diseñe e implemente campañas de cultura del respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. Asimismo, se reforma el artículo 224 de la ley electoral local para reducir la edad mínima para ser Consejero o Consejera Distrital, de 30 a 25 años cumplidos, al día de su designación

Por otra parte, se adicionaron los artículos 13 bis y 272 bis a la ley electoral local, para establecer reglas para el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas, con el propósito de dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal (Ciudad de México) en el expediente SCM-JDC-402/2018.

Dichas adiciones consistieron en establecer como obligación de los partidos políticos, el registro de 50 por ciento de las candidaturas que postulen en los municipios y distritos con población indígena igual o mayor al 40 por ciento, conforme a los resultados del último Censo de Población elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Un aspecto particular de este tipo de postulaciones es el hecho de que los partidos políticos deberán acreditar que los candidatos postulados bajo esta modalidad tengan un vínculo efectivo con las comunidades indígenas del distrito o municipio por el cual deseen competir, lo cual deberá ser demostrado con documentos expedidos por instituciones especializadas en materia indígena o por autoridades comunitarias.

Sobre el particular, es importante señalar que en el caso de la emisión de leyes que tengan incidencia en los pueblos y comunidades indígenas, conforme al marco jurídico internacional y nacional, existe la obligación de las instituciones del Estado mexicano de llevar una consulta a la ciudadanía del ámbito geográfico en el que vayan a aplicarse; sin embargo, en el decreto se razona que debido a la emergencia sanitaria originada por la pandemia de Covid-19 no es posible llevar a cabo dicho proceso consultivo, por lo que se prevé que estas disposiciones tengan vigencia únicamente para el próximo proceso electoral local, en el entendido de que, con posterioridad, se estaría sometiendo a consulta las reglas antes descritas, a efecto de concretar en definitiva un marco jurídico producto del consenso entre los representantes de la soberanía popular y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas involucrados.

En otro orden, el Legislativo local también aprobó reformas a los requisitos de elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular que pretendan postularse por la vía de la reelección. Lo anterior, con el propósito de retomar en la ley los criterios emitidos por los tribunales federales en materia electoral, quienes han establecido la posibilidad de que los funcionarios de elección popular que opten por la relección permanezcan en sus cargos, aún cuando participen en la contienda electoral, lo que queda prohibido para los servidores públicos con cargo de dirección o que tengan a su cargo la aplicación de recursos públicos o programas sociales, quienes deberán separarse de sus cargos en forma definitiva, 90 días previos a la jornada electoral.

Asimismo, se aprobaron reformas a las reglas para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional y regidurías electas bajo ese mismo principio, con el propósito de lograr la integración paritaria del Congreso local y los Ayuntamientos; lo anterior, como parte del cumplimiento de esta legislatura a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitida en el expediente SUP-REC-1386/2018, la cual vinculó a los Congresos de todas las entidades federativas del país a establecer reglas para garantizar la integración paritaria de órganos de elección popular, previo al siguiente proceso electoral.

Por otro lado, a efecto de armonizar la ley electoral con los criterios emitidos por los tribunales federales, se estableció la posibilidad de que las candidaturas a diputaciones puedan ser registradas simultáneamente por el principio de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, lo que estaría permitido en no más de cinco candidaturas.

Con la aprobación de las anteriores reformas al marco jurídico local, en materia electoral, se actualizan las reglas a las que se sujetará la contienda electoral de 2021 en la que guerrerenses habremos de elegir al gobernador constitucional del estado para el periodo 2021-2027; 28 diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y 18 por el principio de Representación Proporcional;  y más de 700 cargos en la integración de 80 ayuntamientos de la entidad, entre presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, electos bajo el sistema de partidos políticos. Estos últimos cargos para el periodo 2021-2024. Además del órgano de gobierno municipal de Ayutla de los Libres, que se elige bajo las reglas de su sistema normativo interno o por usos y costumbres.

*Secretario Ejecutivo del
IEPCGRO

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Publicado en Artículo
Jueves, 04 Junio 2020 10:41

La seducción del poder

Nada extraña que diputados locales hayan aprobado una reforma legal mediante la cual podrán relegirse en sus cargos sin la necesidad de solicitar licencia o renunciar 90 días antes de iniciar el proceso electoral, tal y como lo señala el Artículo 46 de la Constitución local.

La diputada Guadalupe González Suástegui denuncia el hecho; explica que los únicos legisladores que se opusieron fueron Arturo López Sugía, del Partido Movimiento Ciudadano; y ella, del Partido Acción Nacional.

Impera la creencia popular de que, a nivel estatal, es el gobernador en turno –cabeza del Poder Ejecutivo– el que hace y deshace a su libre albedrío sin rendir cuentas de sus actos.

No obstante, el Poder Legislativo, constituido por los diputados, lo frena constantemente; lo critica si creen que actúa indebidamente; si gasta mucho; si practica o solapa la corrupción, en fin, se erige en juez riguroso de las acciones del mandatario y sus colaboradores.

En cambio, el Poder Legislativo no rinde cuentas ni al Ejecutivo ni al Judicial. En realidad no tiene que hacerlo en apego a la división de poderes, pero los legisladores se meten con uno y con el otro, sin que estos se atrevan a levantar la voz para evitar consecuencias indeseables.

El Ejecutivo rinde un informe anual a la sociedad; el Legislativo no procede así, ni siquiera se sujeta a las auditorías periódicas que debe autoaplicarse como lo establece su reglamento interno. Nadie dice nada. Todos viven felices en su propia opacidad. Exigen a los demás juego limpio, pero no predican con el ejemplo.

Si un diputado presenta una iniciativa de ley que perjudique a determinado poder, cada grupo asume un papel de acuerdo con sus propios intereses, pero cuando se trata de algo que beneficie a los legisladores, hay coincidencia casi total. No hay resistencia.

Por eso no es raro que  esta vez hayan reformado la ley para sacar provecho propio.

Como si se tratara de un buffet, los diputados se sirven lo que más les plazca. Gastan sin justificarlo; se aprueban los sueldos y privilegios que mejor les conviene, nadie los fiscaliza porque ellos mismos deben hacerlo, sin llevarlo a cabo.

Los pleitos internos, derivados de sus ambiciones  e intereses personales o de grupo, constituyen su enemigo. Ellos se gritan, se jalonean, se golpean incluso, pero se unen y van con todo cuando alguien propone algo que les beneficie.

No es, pues, para dar de brincos el hecho de que esta vez hayan reventado el candado que les ha erizado de espinas el camino para aprisionar el poder. n

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