La Jornada Guerrero - Jueves, 06 Agosto 2020
Viernes, 07 Agosto 2020 03:20

Poca acción, mucha impunidad

El alcalde de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, no es el primer gobernante que argumenta, como una forma de justificar el asesinato de comunicadores, que no se puede poner un policía a cada periodista porque se quedaría sin agentes.

La realidad indica que aun asignando un guardia a cada uno de ellos no se garantiza su seguridad, ni la de ningún ciudadano.

Persona a la que quieren eliminar, la aniquilan, tarde o temprano, sin que nadie pueda impedirlo.

Comprobado está, sin descartar posibles excepciones.

Aquí el asunto reclamado por los colegas es, en principio, sí, la muerte del compañero Pablo Morrugares Parraguirre, director de una publicación digital de Iguala, así como el rafagueo al Diario de Iguala, ambos sucesos con intervalo de pocas horas.

Pero también el reclamo conlleva la impunidad prevaleciente en la entidad, donde la delincuencia puede perpetrar cualquier ilícito sin que pague por ello.

Eso, sin duda alguna, implica prácticamente una invitación a seguir delinquiendo con la garantía, aquí sí, de que nada sucederá.

Morrugares Parraguirre, es cierto, tenía asignado un policía estatal para su protección; de todas formas lo mataron, y así hubiera estado resguardado por cinco o más, en un momento dado lo habrían hecho si ya lo habían decidido.

Falla aquí, pues, el argumento esgrimido por el primer edil igualteco.

Pero ¿qué hay con los otros cinco comunicadores asesinados en la actual administración estatal?

¿Qué ha pasado en los casos del director del Foro de Taxco, Francisco Pacheco Beltrán; el del reportero del Despertar del Sur Cecilio Pineda Birto; el de la directora del portal Denuncias Acapulco Sin Censura, Pamela Montenegro, y el del locutor de Radio y Televisión de Guerrero Gabriel Soriano Kuri?

¿Qué ha ocurrido con la muerte del director del portal La Verdad de Zihuatanejo, Edgar Alberto Nava López, y la del director del portal Punto Por Punto, Víctor Fernando Álvarez Chávez?

Nada.

La reunión de ayer del fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos, con funcionarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, tiene todo el tinte de querer amainar las protestas de los periodistas. Clásico, el tiro.

Igual el anuncio de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de reforzar la seguridad en la zona Norte “para garantizar la libertad de expresión, luego del ataque a las instalaciones del Diario de Iguala y el asesinato del comunicador Pablo Morrugares”.

Hipergastado el recurso.

Sería más conveniente que en vez de tanto aspaviento cada quien hiciera el trabajo que le corresponde y presentara resultados. n

Publicado en Editorial

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