La Jornada Guerrero - Jueves, 17 Septiembre 2020

Entregan escrito para que informen de avances en el caso


Chilpancingo, 17 de septiembre. Una comisión de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y normalistas fueron al Congreso local para pedir información sobre la solicitud que hicieron para que comparezca el presidente del Tribunal Superior de Justicia e informe cómo va el proceso de la pérdida de videos del caso.

La mañana del jueves acudieron los padres y normalistas al recinto del Congreso para entregar el oficio a la Comisión especial del caso, del que aseguran no ha habido avances.

El vocero Melitón Ortega manifestó que el oficio estaba dirigido al presidente de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, Arturo López Sugía, a quien le recordarían la solicitud de comparecencia y saber cómo va ese proceso de la pérdida de evidencias con los videos de la desaparición de los 43.

El 21 de octubre se instaló esta Comisión Especial para el Caso Iguala en el Congreso del estado, y se propuso llamar a comparecer a funcionarios que pudieran tener información.

El vocero dijo que después de esa reunión no han tenido respuesta de la solicitud, y que es importante tomar cartas en el asunto porque es importante para la investigación.

Dijo que se acercan los seis años de haber desaparecido a los normalistas, y que van a   iniciar una jornada de lucha en Guerrero que va a terminar en la Ciudad de México.

Los padres insisten en una investigación certera y castigo a los responsables intelectuales y materiales de la desaparición.

La lucha de los padres ha sido por justicia,  no ha habido verdad, por eso no pueden quedarse callados ante el silencio, pues no se está investigando y sancionando a responsables que desaparecieron y ocultaron información, agregó Melitón Ortega.

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Les piden respetar lo acordado en foros por los pueblos originarios y afromexicanos

Acuden comunitarios al Congreso local y lamentan que los legisladores salieron corriendo por miedo

Denuncia abogado de Tlachinollan hostigamiento de la Guardia Nacional contra activistas


Chilpancingo, 17 de septiembre. Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) marcharon hacia el Congreso de Guerrero para exigir a los diputados la aprobación de la reforma constitucional que salvaguarda los derechos indígenas y afromexicanos.

Las cinco casas de justicia de la CRAC-PC exigieron a los diputados respeten los foros de consulta con los que integró la iniciativa de reforma en materia de derechos indígenas y afromexicanos, pues ya fue discutida y analizada por los propios pueblos.

“Eso es lo que realmente el pueblo indígena quiere, que sus derechos sean reconocidos de acuerdo al sistema normativo de usos y costumbres, y no en el sentido en el que actualmente está que sólo responde a los intereses del gobierno”, reclamaron.

Uno de los policías comunitarios, a través del altavoz, exigió a los diputados a reconocer ya los derechos de los comunitarios, mismos que por años han sido olvidados.

“Por eso estamos aquí, para exigirle a los diputados que hoy corrieron porque hoy era un día que tenían que sesionar, pero se fueron, tuvieron miedo unos diputados, pero corrieron; tuvieron miedo por su integración física cuando los comunitarios que venimos a exigir nuestros derechos lo hacemos con respeto; no venimos a hacer desmanes, no venimos a quemar el Congreso, venimos a exigir que se respeten nuestros derecho, a decirles a los diputados que no tengan miedo”, dijeron.

Al llegar al Congreso, los manifestantes hicieron un mitin y exigieron a los diputados la firma pública del compromiso para poder sacar la reforma.

Lamentaron que cientos de habitantes pongan en riesgo la salud ante el Covid, pero argumentaron que no les dejaron otra opción, pues han hecho caso omiso a dictaminar y aprobar la reforma.

Les recordaron que la CRAC lleva varios años reconocida en la Ley 701 pero que desde el 2014, los gobiernos han querido fracturarla.

Emplazaron a los diputados a firmar de manera pública el compromiso de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y no lo han hecho, “ya está por terminar su legislatura y no sabemos por qué les tiembla la mano para firmar; queremos que se firme el compromiso aquí en público”.

De lo contrario, advirtieron, se verán cuando acudan a las comunidades a pedir el voto.

Salieron a recibirlos los diputados Aristóteles Tito Arroyo, Luis Enrique Ríos Saucedo, Blanca Celene Armenta Piza, Perla Xóchitl García Silva, Nilsan Hilario Mendoza, Norma Otilia Hernández Martínez, Moisés Reyes Sandoval y Arturo Martínez Ríos.

La Guardia Nacional hostiga a activistas, denuncia Tlachinollan

Por otra parte, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que fueron hostigados por elementos de la Guardia Nacional cuando se dirigían junto con integrantes de la CRAC a una marcha en Chilpancingo.

A través de su perfil en Facebook Rosales Sierra denunció que esta mañana se dirigían a Chilpancingo para participar en una marcha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, pero fueron detenidos en el trayecto por las Fuerzas Armadas, en la cabecera municipal de Chilapa.

«La Guardia Nacional exhibe su vocación represora contra campesinos e indígenas que se movilizan, pero nada hace contra los grupos de la delincuencia organizada en este lugar que abundan y siembran el terror contra la población», criticó el abogado.

 

Creen que la amenaza son los campesinos e indígenas

Arremetió contra las fuerzas castrenses, señalando que este cuerpo policíaco-militar parece coexistir con los grupos infractores de la ley.

«Como siempre, la lógica policíaca: la amenaza a la seguridad son los campesinos e indígenas. Qué lamentable que este cuerpo de seguridad creado en este gobierno siga con este concepto de la seguridad contrainsurgente. En fin, militares contra el pueblo tenían que ser, de la 4T pero militares», indicó en su comentario el abogado de Tlachinollan..

 

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Viernes, 18 Septiembre 2020 07:12

Indígenas y afromexicanos

“Hubo retén en Chilapa de la Guardia Nacional; quizá pensaron que los comunitarios irían con sus herramientas” (armas), me platica un compañero que acudió a la marcha y concentración fuera del Congreso del estado convocada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (Crac-PC), el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en conjunto con más organizaciones y ciudadanos que decidieron, a pesar de la situación actual, protestar pacíficamente para reclamar derechos que han sido negados en una larga noche de 500 años.

Representantes de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas asistieron al llamado a la capital, a días de celebrarse los 207 años de la instauración del Congreso de Anáhuac, para exigir a los diputados y las diputadas de la 62 Legislatura de Guerrero que aprueben la reforma integral de derechos en la materia. Durante la marcha se dio a conocer que en la Cámara local pospusieron la sesión presencial del periodo ordinario actual.

La propuesta de iniciativa de reforma no ha sido dictaminada por la Comisión de Estudios Constitucionales, que preside el perredista Bernardo Ortega. Podemos decir que la presidencia de comisión tiene el poder para colocar el tema, o no, en el orden del día de sus reuniones de comisión. Se conoce que el diputado Ortega ha argumentado que faltan varios elementos para que se pueda dictaminar, como serían los anexos y las resoluciones que debe entregar el diputado Aristóteles Tito Arroyo.

Tito Arroyo, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, habría recibido del Congreso 100 mil pesos por foro, siendo 10 foros, lo que da un total de un millón de pesos y un tanto más dotado por el INPI para su realización, los cuales sí se realizaron, según han dejado claro los pueblos indígenas y afromexicanos, lo cual quebraría la intentona que buscan algunos diputados de que se organicen nuevos foros, lo cual alargaría de manera injusta e indeterminada la dictaminación.

Se conoce entre pasillos que hay una resistencia del PRD y del PRI para dar salida a esta reforma que revertiría el revés a la Policía Comunitaria enviado por el gobernador y aprobado por la pasada legislatura, de mayoría perredista, pero invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existen, además, como suele ser en la política, diversas versiones de los hechos: algunas personas aseguran que el grupo parlamentario de Morena está decidido a empujar esta reforma aun con sus posicionamientos diversos.

Durante la movilización en el Congreso de los pueblos salieron de la bancada de Morena los diputados y las diputadas Luis Enrique Ríos, Aristóteles Tito, Yoloczin Domínguez, Blanca Selene Armenta, Nilsan Hilario Mendoza, Norma Otilia Hernández, Moisés Reyes Sandoval, Marco Antonio Cabada y Arturo Martínez Núñez para comunicar que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Villanueva, esperaba listo para dialogar, a un grupo de 10 representantes encabezados por el abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra.

Me comentaron que otros diputados y otras diputadas de la fracción de Morena fijarán un posicionamiento respecto de este tema tan relevante para el estado y el país, ante esta exigencia de los pueblos nahuas, na savi, me’phaa, ñomndaa’ y afromexicanos de nuestro estado.

Entonces, la demanda está presente frente a los diputados y las diputadas de esta legislatura local. Una línea, la ideal, es que se avale y apruebe la reforma indígena y afromexicana; que diputados de cualquier bancada marquen la historia para bien o, de segunda, tendremos movilizaciones mayores para demandar derechos en materia de territorio, asambleas comunitarias, libre determinación y justicia y seguridad comunitaria.

Aunado a la protesta por la reforma, también se manifestaron padres y madres de Ayotzinapa y jóvenes normalistas para continuar, próximos a un aniversario más, con la exigencia de justicia para los estudiantes normalistas detenidos y desaparecidos en Iguala en 2014. También hubo movilización de promotores de la creación de cuatro nuevos municipios, dos de la región Montaña: Temalacatzingo, que comprende pueblos nahuas adscritos a Olinalá, y Santa Cruz del Rincón, población me’pháá adjunta al municipio de Malinaltepec, y de la Costa Chica: Las Vigas, de San Marcos, y San Nicolás, de Cuajinicuilapa, que quieren también que sea aprobada su propuesta. n

@LDekonstruccion

 

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Viernes, 18 Septiembre 2020 07:11

¿Hacia dónde vamos?

Cómo puede afirmar el gobierno que no nos ha vencido el virus? ¿Cómo atreverse a asegurar que “hemos manejado la pandemia de la mejor manera”?

¿Cómo, si hay miles y miles de muertos y decenas de miles de contagiados, miles de desempleados, miles de establecimientos comerciales quebrados y una economía tambaleante?

¿Cómo, si incluso se ha tenido que regresar del semáforo amarillo al naranja? ¿Qué bases hay para garantizar que no se volverá al rojo?

¿Cómo alardear que la hospitalización de contagiados no ha rebasado la capacidad hospitalaria cuando es bien sabido que mucha gente muere sin haber ido a un hospital?

¿Qué tendría que ocurrir para que la autoridad se aleje de su falso optimismo y reconozca la verdad, consistente en que el virus nos ha vapuleado a placer, nos ha barrido de lo lindo, nos ha doblegado, sin que el gobierno sea capaz de frenarlo?

¿Tendría necesariamente que arrasar con la población?

Mucho es el empecinamiento de asumir actitudes ilusorias.

¿Cuál es la realidad?

La realidad es que la gente sigue muriendo día a día y que el virus se expande por todos lados, en tanto buen porcentaje de la gente se resiste a acatar las recomendaciones sanitarias.

Que se admite como única fórmula para contener el mal la creación de una vacuna, en tanto que la que están desarrollando AstraZeneca y la Universidad de Oxford se ha suspendido debido a una sospecha de reacción adversa grave, y la vacuna rusa, la Sputnik V, que ya está en distribución, es cuestionada por la Organización Mundial de Salud con el argumento de que no se apegó al procedimiento correcto para este tipo de experimentos.

Que México ha menospreciado las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, y la máxima autoridad del país ha pasado por alto las medidas sanitarias de su mismo secretario de Salud.

Que por cuestiones políticas, respeto a la democracia o a los derechos humanos, en el caso específico de Guerrero, el gobierno no ha variado su sistema de persuasión para que la población se apegue al uso de cubreboca, guarde su distancia y use gel, por una parte, y por otra, la Comisión de los Derechos Humanos del estado ha advertido a estado y municipios de abstenerse de aplicar medidas correctivas a los reacios porque, de hacerlo, estaría violando sus derechos.

Esa es la realidad; lo demás, las versiones futuristas alegres y aquello de que ya vamos saliendo, es sólo humo.

No se sabe adónde llegaremos ni cuál será el saldo.

Si alguien insiste en que todo está requetebién, que pregunte su opinión a los familiares de los difuntos.

Lo incuestionable es la conveniencia de apegarse a las indicaciones de las autoridades sanitarias; hacer caso al llamado oficial, pues mientras más resistencia presentemos, más muertes habrá que lamentar.

Mal o bien, el gobierno hace lo que cree que debe hacer; si la población no hace lo suyo, se seguirá caminando hacia el precipicio. n

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