La Jornada Guerrero - Domingo, 06 Septiembre 2020
Lunes, 07 Septiembre 2020 02:43

Delito de posesión de armas

Como es bien sabido, el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho de las personas a poseer armas. Como ha distinguido la doctrina y jurisprudencia constitucional de manera clara, esta figura de la posesión se limita al domicilio personal, correspondiendo a la portación cualquier tenencia fuera de ese ámbito, que requiere de la licencia autoritativa correspondiente.

De este modo, este derecho de los habitantes de la República Mexicana a poseer armas en el domicilio está a su vez condicionado por un propósito, que ha de darse para seguridad y legítima defensa de los habitantes de dicho domicilio. Igualmente, queda exceptuado de este derecho la posesión de armas prohibidas por la ley federal, así como las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y de los cuerpos de reserva.

El propio artículo 10 prevé, como ya se refirió, que podrá autorizarse a los habitantes la portación de armas en los casos, condiciones y lugares que determine la ley federal, que es precisamente la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Con base en estos antecedentes se ha emitido una reciente jurisprudencia: la tesis con registro electrónico 2022055, relativa al delito de posesión. De acuerdo con este tesis de la Primera Sala, que resuelve la contradicción 264/2019, en atención a la ley reglamentaria de la materia, para determinar si se actualiza el delito de posesión, o el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, es de trascendencia el lugar en que se tenga el arma de fuego, de manera que la posesión se dará cuando una persona la tiene o la lleva consigo en el interior de su domicilio, mientras que la portación será cuando la tiene o la lleva consigo fuera del domicilio.

En esas condiciones, según explica el criterio jurisprudencial, hay que atender al principio de exacta aplicación de la ley penal previsto en el artículo 14 constitucional. De acuerdo con esto, el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de Ejército, Armada y Fuerza Aérea se actualiza cuando una persona es sorprendida con un arma de esas características en su domicilio. En esos casos, es impreciso establecer que se pueda configurar el delito de portación de esa arma, precisamente porque la tenencia se da dentro de su domicilio, sin que sea relevante que el arma de fuego sea de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

De este modo, aunque esa posesión no puede considerarse amparada bajo la previsión del artículo 10 referido, por tratarse de un arma excluida del contenido del derecho, la Primera Sala considera que las características del arma no varían la acción de posesión que dará lugar a la conducta delictiva.

De este modo, el criterio recupera la distinción entre los dos verbos que aplican en este caso, poseer y portar, que como hemos mencionado, han sido interpretados por la doctrina constitucional como relativos al ámbito donde se ejerce la tenencia del arma, sea dentro o fuera del domicilio. n

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Lunes, 07 Septiembre 2020 02:42

Capach, otro lastre

El trabajador asalariado tiene la capacidad de soportar estoicamente malos tratos, exceso de trabajo, escamoteo de prestaciones, pero lo que no pemite ni soporta es que se metan con su salario, porque hacerlo no es atentar solamente en su contra, sino contra su familia.

En este tenor, trabajadores sindicalizados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) presionan a la administración y al alcalde capitalino, Antonio Gaspar Beltrán, para que les paguen sus salarios devengados.

No es la primera vez que ocurre, como tampoco es la primera vez que tanto la administración de la paramunicipal como el primer edil dejan manifiesta su falta de capacidad para responderle a sus trabajadores y garantizar la prestación del de por sí deficiente suministro de agua a los capitalinos.

Las marchas y paros realizados por los inconformes son interpretados por la directora del organismo, Irma Lilia Garzón Bernal, como una acción “justa, pero mal direccionada”.

La funcionaria considera que los sindicalizados “deben redoblar esfuerzos en sus trabajos, en lugar de paralizar los servicios”.

El alcalde ha sostenido en otras ocasiones similares que no se paga la nómina porque la recaudación es insuficiente porque los consumidores no pagan el servicio.

Cualquiera que sea la razón, uno y otro deberían haber implementado ya medidas para evitar los conflictos.

La factura de estas fallas no sólo corresponde al alcalde y a la directora, sino que su cobro debe hacerse extensivo al cuerpo edilicio, que se mantiene al margen eludiendo su responsabilidad.

En vez de encerrarse en sus argumentos, Gaspar Beltrán y Garzón Bernal debieron ya buscar soluciones más viables que pedir a los trabajadores redoblar esfuerzos, a pesar de que no se les paga.

¿Que no pagan los consumidores?

Algo se debe hacer.

Pero no vaya a suceder en la Capach lo que ocurre en la Capama (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco), cuyos responsables no hacen más que quejarse de que el organismo está en quiebra, y piden que el gobierno federal los rescate por una parte, pero por la otra surten gratuitamente el servicio a dependencias públicas, políticos y grandes empresarios, de acuerdo con sus propias confesiones, que exteriorizan sin rubor alguno cada vez que viene al caso.

¿Se está administrando correctamente la Capach?

¿No debería revisarse primeramente su operación además de buscar fuentes viables de financiamiento para sacarla adelante?

Cuando ya se lesionan los intereses de los trabajadores atentando contra sus salarios significa que el problema ya es muy grave, pero más grave puede ser el hecho de que no se busquen opciones para sacar adelante, en este caso, a la Capach. n

Publicado en Editorial

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