Anuncia que se convocará a movilizaciones con organizaciones del país y el extranjero


La activista guerrerense Kenia Hernández permanece aislada en un pabellón del penal federal femenil número 16 del estado de Morelos, en Coatlán del Río, con el objetivo de amedrentarla y provocar un escarmiento, advirtió el abogado Arturo Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zerefino Ladrillero, quien adelantó que se convocará a una serie de movilizaciones con diferentes organizaciones sociales del país y el extranjero.

En videoconferencia, Lara Duque especificó que Kenia Hernández ha sido criminalizada por su activismo, y exigió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronuncie por la libertad de la defensora de derechos humanos y se aplique un criterio de mínima intervención.

El abogado advirtió que “está en riesgo la libertad de expresión y manifestación de todos aquellos que recurrimos a la protesta pública como un ejercicio para hacer valer nuestros derechos como sociedad”.

Anticipó que la lucha legal para liberar a Kenia será de largo plazo, ante una autoridad decidida a violar los procedimientos y criterios nacionales e internacionales de mínima intervención, que deberían aplicar por tratarse Kenia de una defensora de derechos humanos.

Agregó que “a Kenia se le ha criminalizado, le fue suspendida la protección del mecanismo de protección federal de defensores de derechos humanos el pasado 30 de octubre, con el señalamiento de que primero debe sanear su situación jurídica”.

Lara Duque recordó que a las 10 de la noche del sábado 24 de octubre se ordenó la liberación de Kenia, interna hasta ese momento en un penal del Estado de México acusada de robo con violencia en una caseta de peaje en el municipio de Almoloya; sin embargo, ese mismo día, un juez federal de control de Acapulco giró orden de aprehensión contra la activista, la cual fue ejecutada a las 3 de la mañana del domingo 25 de octubre.

El abogado explicó que dicha detención se realizó por una acusación de ataque a las vías generales de comunicación, por una protesta realizada en la caseta de La Venta, de la Autopista del Sol, en Acapulco, el 29 de marzo de 2019, ante la desaparición de un compañero de la organización.

Ese mismo 25 de octubre Kenia fue trasladada, por motivos de seguridad, de Acapulco al penal federal 16 femenil de Morelos, en Coatlán del Río.

Lara Duque criticó que los argumentos de la Fiscalía General de la República para que fuera decretada la prisión preventiva justificada es que “Kenia se manifiesta en muchos lados, Puebla, Guerrero, Estado de México. La manifestación que realiza incomoda a particulares, así como a funcionarios y por si fuera poco lo hace en pandilla, con más de tres personas”.

La segunda causa, de acuerdo con la visión del juez, es que la activista no puede ser juzgada bajo una óptica de perspectiva de género, pues sólo aplica cuando las mujeres son sumisas, vulnerables, ni saben defenderse; y Kenia no es sumisa, no es vulnerable, y sí se sabe defender, es mejor tenerla en el penal federal de Morelos.

Lo atienden médicos del penal de Tecpan; su mal es sicológico, no físico, dice coordinador

Rechaza que la atención se diera por presiones de organizaciones sociales que denunciaron el caso


Tecpan, 18 de diciembre. El coordinador regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el estado (Coddehum), Oscar Cuevas Ramírez, informó que el profesor Máximo Mojica Delgado, recluido en el penal de Tecpan desde 2008, sufre de ataques de ansiedad y no de embolia, como se dijo inicialmente, de acuerdo a las revisiones médicas que los doctores de la cárcel efectuaron.

Indicó que el mal que aqueja al recluso es más bien sicológico, por ataques de ansiedad, que físico, refiriéndose al ataque de embolia que supuestamente sufrió Mojica Delgado dentro de la cárcel; y asentó que él mismo fue el que declaró tener ese malestar y no embolia como se dijo en un principio.

Aseguró que el miembro de la organización Tierra y Libertad ha sido atendido médicamente desde que reportó su primer molestia, por el personal que trabaja dentro del penal, y rechazó que dicha atención se deba a las presiones que ejercieron las organizaciones sociales que denunciaron el estado físico de Mojica Delgado.

Asimismo, abundó que como coordinador regional, personalmente ha supervisado y constatado la atención médica que los reclusos reciben en los penales de Tecpan, La Unión y Zihuatanejo, y también negó que haya sido la presión de la Coddehum la que orientó la atención médica a Máximo Mojica.

Critica Víctor Manuel López las comisiones que no trabajan


Ometepec, 30 de noviembre. Luego de la versión que se conociera en los medios de comunicación de que los regidores del municipio de Ometepec exigen alcalde, Omar Estrada Bustos, la cantidad de 3 millones de pesos como bono de fin de año, el colaborador de varias organizaciones en la región de Costa Chica, Víctor Manuel López Hernández, arremetió contra estos, pues dijo, no han cumplido cabalmente como representantes y que crean comisiones que no son visibles en el municipio. 

Oriundo de la comunidad amuzga de Cochoapa, quien ha colaborado en el Frente de Defensa de los Recursos Naturales del río Santa Catarina y en el Movimiento Indígena por la Autonomía que dirigía el extinto Lauro García, dijo que, en caso de ser verdad lo publicado en medios estatales y regionales, de que los regidores están exigiendo 3 millones de pesos como bono de fin de año, “sería una medida irresponsable, nos gustaría saber si dentro de sus facultades y responsabilidades se establecen sus atribuciones para asignarse, aumentarse sueldos y aguinaldos”, que, en todo caso de ser así, deberían de priorizar las necesidades de las comunidades y no enriquecerse del erario, dijo. 

Militante expresa su respaldo a la activista Yndira Sandoval


Militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) demandaron un alto a la violencia en el estado, tanto la que se ejerce contra mujeres, como el caso de Yndira Sandoval, o una muchacha que fue golpeada y exhibida en un video supuestamente por una infidelidad, o los asesinatos a luchadores sociales como Ranferi Hernández Acevedo, a jóvenes como José Francisco Nava Martínez, hijo de un ex acalde de Zumpango, a miembros de la diversidad sexual.

En conferencia de prensa, los militantes Anel Citlali Larrea Arenas, Yaír Seraser García Delgado, José Inocente Ariza Tapia, Moisés Reyes Sandoval, entre otros, señalaron que en México han desaparecidos durante el presente sexenio 1,037 personas, de los cuales 273 son indígenas y 422 pertenecen a colectivos de defensores de derechos humanos.

García Delegado expresó su respaldo a la defensora de derechos de la mujer, Yndira Sandoval, y denunció la violación del debido proceso en su caso, ya que para minimizar la denuncia que ella hizo respecto a la agresión que sufrió en Tlapa, se filtraron videos que forman parte de un expediente que no debieron divulgarse, por la cadena de custodia que existe en torno a ellos.

Larrea Arenas señaló que en ese caso, “no se trata de volver víctimas a las dos (a la activista, ni a la mujer policía acusada), se trata de hacer justicia, no es una pelea de dos mujeres, como el Estado lo está queriendo hacer ver, aquí se trata de hacer justicia, porque podría ser hombre o ser mujer, eso no importa”, expresó la activista Citlali Larrea Arenas, integrante de la Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México, en entrevista por separado.

El caso de la activista Yndira Sandoval Sánchez no debe quedar impune, por lo que tiene que aclararse a la brevedad, y, además, haber castigo. El problema no es el hecho de que si estaba o no estaba pasada de copas, lo cual se ha convertido en el punto central de las redes sociales –particularmente en Guerrero– y, en mucho, en los medios de comunicación tanto impresos como electrónicos, como si se tratara de un linchamiento.

El delito de violación puede cometerse contra una persona que se halle o no se halle en estado etílico.

Aunque el Estado mexicano, concretamente el gobierno en sus tres niveles, tenga su prestigio por los suelos o carezca de credibilidad casi por completo entre la sociedad civil, al igual que los partidos y los políticos, el Ministerio Público debe investigar hasta en el último rincón de la escena en que se suscitaron los hechos.

Los cuerpos policiacos de los tres tipos de gobierno, en todo México, tienen entre la población en general una confianza casi nula, por el hecho de pensar en que hay nexos, de alguna manera, con el crimen organizado, y que por eso mismo pudieran actuar a su antojo, con absoluta impunidad ante cualquier persona, trátese de quien se trate.

Inclusive ha habido casos en el país de que miembros de la delincuencia andan vestidos con uniforme de policía para hacer de las suyas. No estamos señalando de esto a ningún municipio en específico, ni siquiera a los de Tlapa, donde ocurrieron los hechos.

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