En los últimos diez meses, tres mil 81 mujeres menores de edad tuvieron hijos: coordinadora

La medida, tras el rechazo del Congreso de aprobar la interrupción legal del embarazo sin denuncia ante MP


Niñas, adolescentes y jóvenes, víctimas de violación sexual de la región de La Montaña, difundieron sus casos en la plataforma de la red social Facebook del Observatorio Ciudadano de Violencia Contra las Mujeres (Obvio) de Guerrero, tras el rechazo de la mayoría de los legisladores del Congreso del estado, para llevar a cabo la reforma al Código Penal que permitiría la interrupción legal del embarazo sin presentar una denuncia ante Ministerio Público.

“Soy Martina, tengo 13 años, mi tío me violó, denuncié y el MP no me creyó”, denuncia la menor en una de las imágenes compartidas este fin de semana, detrás de un cartel que no permite ver su cara, en el paisaje de más pobreza en la entidad.

La coordinadora del Obvio, Viridiana Gutiérrez Sotelo, manifestó que “Guerrero se encuentra entre los tres primeros lugares nacionales en embarazo infantil y adolescente, en los últimos diez meses, tres mil 81 mujeres guerrerenses menores de edad tuvieron hijos”, de acuerdo con cifras registradas por el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

“Me llamo Reina, tengo ocho años, mi maestro abusó de mí, y cuando por fin hablé, dijeron que yo mentía. Dejé la escuela. Él continúa”, se lee en otra de las fotos difuminadas. La activista precisó que del primero de enero al 26 de octubre del 2020, mujeres de entre 9 y 17 años de edad tuvieron un embarazo que culminó en nacimiento, con los más altos índices en los municipios de Acapulco de Juárez con 443 casos, Chilpancingo de los Bravo con 214, Chilapa de Álvarez con 147, Tlapa de Comonfort con 143, Zihuatanejo de Azueta con 116, e Iguala de la Independencia con 106 más. “Tengo que planificar a escondidas por temor a quedar embarazada de mi agresor con quien convivo diario”, expuso Victoria de 14 años.

El grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia la Mujer (Conavim)  exhortó hace meses a los poderes a llevar a cabo el estudio, revisión y reforma de la legislación penal, particularmente el artículo 159, para armonizar con lo que disponen la Ley General de Víctimas, la NOM-046 y el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud.

Ante lamentable decisión de tribunal en caso Ayotzinapa, la SCJN deberá pronunciarse en definitiva sobre creación de Comisión de Investigación: Tlachinollan


México D.F. a 18 de julio.- El día de hoy, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, a cargo del Magistrado Sabino Pérez García y con sede en Reynosa, Tamaulipas, publicó un acuerdo mediante el cual considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República” en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito judicial, que había ordenado la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad (Caso Ayotzinapa), como mecanismo extraordinario para investigar el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Esta resolución es consecuencia de una acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto al interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados. Es decir, toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático.

Envía el Centro de Derechos Humanos José María Morelos carta a los legisladores

El organismo manifiesta preocupación por la “falta de sensibilidad humana” de los representantes

“Están muy lejos de representar en los hechos al pueblo, y sólo tratan de sacar provecho”, acusa


Chilpancingo, 14 de enero. Para los colectivos de familiares de desaparecidos, es preocupante la falta de sensibilidad de los diputados locales que buscan negociar el retiro de la fiscal especial en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas. 

En una carta dirigida a los diputados de la 61 Legislatura, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón manifiesta su preocupación “por su falta de sensibilidad humana” al ser omisos o tomar decisiones a conveniencia, “en base al cálculo político o al interés personal”. 

Reclamaron que en el Congreso del estado haya diputados que pretendan negociar entre las fracciones parlamentarias el retiro de la propuesta de Guadalupe Rendón Ramírez como fiscal especial a cambio de aprobar la propuesta de Antonio Sebastián Ortuño. 

Son “negociaciones que no toman en cuenta la voz de las familias de desaparecidos que han manifestado su inconformidad por los resultados nulos que han obtenido por parte de esta servidora pública que actualmente se encuentra en la Fiscalía General”, reclamaron. 

Primero chocan comunitarios y civiles; más tarde, policías abaten a tres de la Crac

Al final de la operación, agentes ministeriales detienen al líder del Cecop, Marco Antonio Suástegui

Había orden de aprehensión contra el dirigente opositor a La Parota, dice el fiscal en conferencia


Dos enfrentamientos armados en los que participaron civiles, comunitarios de la Crac y policías, dejaron 11 muertos este domingo en Cacahuatepec.

Por la madrugada, policías comunitarios y civiles armados afines al comisario de La Concepción, Florentino Melchor, se enfrentaron a balazos y en la refriega murieron dos comunitarios y seis de los civiles.

Este conflicto comenzó el fin de año pasado, cuando los comunitarios detuvieron a un presunto sicario que se identificó con tres nombres y que declaró haber sido contratado para asesinarlo al vocero del movimiento opositor a La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y a otras dos personas.

El viernes, relató el dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Suástegui Muñoz, los comunitarios detuvieron a quien, según el primer detenido, había contratado sus servicios, que resultó ser el comisario suplente, Cecilio Morales Marcos.

Ese mismo viernes, Florentino Melchor se presentó en la Casa de Justicia de la Policía Comunitaria para exigir la liberación del suplente, y hubo jaloneo verbal, pero no pasó a mayores.

A las 3 de la madrugada del domingo, relató Suástegui Muñoz, en el contexto de la feria patronal que se celebra estos días, un muchacho simpatizante del comisario, llamado José Ángel Morales Navidad, se presentó en la casa policial y, para burlarse de los comunitarios, empezó a orinar enfrente de la comisaría.

Los policías lo detuvieron, pero él se escapó y corrió hacia la comisaría, que se ubica a unos metros de la comandancia de la comunitaria y donde hasta un poco antes estaban el comisario –que se acababa de retirar– y sus compañeros.

Los policías, dijo Suástegui, fueron tras el joven, pero fueron recibidos a balazos. Uno de ellos cayó muerto, abatido por la espalda al intentar retirarse. Empezó el intercambio de disparos, y otro comunitario cayó. Del bando contrario, al final de la refriega, resultaron seis muertos, entre ellos un hermano del comisario y su sobrino de 16 años.

Equipara a las víctimas del crimen organizado con las del régimen de su padre

Lo ocurrido en el vado fue “una emboscada de la policía”, le contesta otro usuario de Twitter


El ex diputado local y federal Rubén Figueroa Smutny retó a usuarios de la red social Twitter a debatir qué es peor: los 6 mil asesinatos ocurridos durante el gobierno de Héctor Astudillo por la violencia o los 17 campesinos de Aguas Blancas que mató el gobierno de su padre, Rubén Figueroa Alcocer.

La discusión surgió a raíz de comentarios hechos por usuarios de esa red ante una nota publicada por el portal de noticias La Plaza, en la que se da cuenta de que el aspirante del Partido Nueva Alianza (Panal) a la alcaldía porteña se ufana de que el gobierno de su padre sólo mató a 17.

Aunque la nota en cuestión fue publicada el 6 de diciembre, la discusión ocurrió el 25 de diciembre, cuando al parecer el aspirante leyó la nota y escribió un tuit: “siguen con el tema aguas blancas?? nada nuevo. lo mismo de siempre (se respetó la grafía original)”.

La nota daba cuenta de otra publicación de Figueroa Smutny, en Facebook, donde este se ufana de que en el gobierno de su padre sólo fueron asesinados (por policías estatales) 17 campesinos en la matanza de Aguas Blancas, que en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero sólo fueron desaparecidos 43 normalistas (por las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, con el apoyo de las policías estatal y federal y la omisión del Ejército), mientras que en el gobierno de Astudillo Flores ya son 6 mil asesinados (por delincuentes).

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