Coadyuva el ayuntamiento para la aplicación de la segunda dosis


Para reforzar la salud y prevenir contagios de Covid-19 entre la sociedad, el gobierno de Acapulco coadyuva de manera estratégica para la aplicación de la segunda dosis a adultos mayores de 50 a 59 años de edad.

La directora general de Salud Municipal, Roxana Tapia Carbajal, mencionó que durante este jueves recibieron la vacuna las personas cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J, K, L y M, sin presentarse ningún incidente. “Se tiene garantizada la segunda dosis de todos aquellos que se aplicaron la primera; igual que para las embarazadas, se está aplicando su segunda dosis”, explicó.

La funcionaria invitó a la población a acudir a los diferentes macro puntos de vacunación ubicados en la Unidad Deportiva Acapulco, Centro Internacional Acapulco, Unidad Deportiva Jorge Campos, y el Instituto Tecnológico de Acapulco. Además de ir bien hidratados y alimentados para no presentar incidentes.

A su vez, en lo que corresponde a la campaña de vacunación Antirrábica y Desparasitación de gatos y perros, mencionó que la ciudadanía puede acudir a la avenida del Rastro, en la colonia Hogar Moderno. El programa es gratuito y culminará hasta el día 7 de julio.

La pandemia del Covid-19 sometió a prueba la confianza de algunos sectores de la población en el gobierno.

De ahí que no poca gente se negó a creer en las vacunas, es verdad, pero, más que nada, fue un rechazo al gobierno.

Iván Hernández, el delegado federal en la entidad, revela que 30 por ciento de los adultos mayores que recibieron la primera dosis de la vacuna no regresaron a recibir la segunda debido a cuestiones culturales y poca confianza en el biológico.

Resulta muy significativo que, según declaraciones del funcionario, la mayor incidencia ocurrió en las regiones de La Montaña y la Costa Chica, especialmente en comunidades indígenas, zonas éstas de mayor marginación en la entidad a cuyos habitantes, gobernantes y funcionarios de uno y otro gobierno les han mentido, los han engañado y los han abandonado.

Desde luego, la cultura tiene que ver en el rechazo a la vacuna. Cambiar cultura significa cambiar creencias, y cambiar creencias implicaría una labor titánica de quien se propusiera hacerlo.

Está ahí la venta de niñas, que en La Montaña practican con toda naturalidad, y que así lo han hecho quién sabe durante cuántos siglos.

Por eso mismo, ahora que organizaciones civiles han presionado para desterrar esa costumbre, y el gobierno ha hecho como que pretende secundar la acción en aras del respeto de los derechos de las menores, se ha estrellado contra el cerro.

Pero si la gente tuviera confianza en la autoridad, también confiaría en la efectividad del biológico.

Pero si ya les han dicho algo y resulta que no ha sido como se lo han asegurado, la respuesta lógica a algo que viene del gobierno, como es la vacuna, despertará desconfianza, y se negarán a vacunarse.

¿Qué dicen de la vacuna? Que es un invento del gobierno para matar gente.

¿No hubo, durante lo más fuerte de la pandemia, resistencia de muchos a llevar a los contagiados a los hospitales oficiales con el argumento de que el enfermo que entraba salía muerto?

Es por lo mismo.

Ignorancia, sí, pero también desconfianza.

Paradójicamente, al no aplicarse la vacuna, más defunciones hay; el desafío estriba en convencer a la gente de que el biológico es la salvación.

A ver cómo le harán para desmontar la desconfianza y el resentimiento afianzados durante año tras año desde tiempos inmemoriales. n

Conforme el actual gobierno federal ha avanzado las investigaciones sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ha quedado cada vez más claro que la versión repudiada por buena parte de la sociedad con el uso irónico de la denominación que empleó en su momento el entonces procurador general de la República Jesús Murillo Karam, como “la verdad histórica”, en realidad no es tan lejana de la verdad verdadera.

Este martes, la Fiscalía General de la República confirmó lo que hace seis años era un indicio con apenas 17 por ciento de probabilidad: que un fragmento chamuscado de hueso correspondía al estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz.

Ya un año antes, el laboratorio al que el gobierno mexicano ha encargado la identificación de los restos había también determinado que otro fragmento óseo correspondía al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

Pero el primero en ser reconocido fue Alexander Mora Venancio, en 2015, al mismo tiempo que el laboratorio estableció la posibilidad de que otro vestigio fuera de Jhosivani.

Así, el gobierno federal anterior logró la plena identificación de uno y la identificación parcial de los otros dos. De la confirmación de estos últimos se ha encargado la administración federal en vigencia desde finales de 2018.

Pero si en este aspecto no ha habido discrepancia –pues una conclusión muy plausible es que los tres jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos triturados–, sí la ha habido en otros:

El primero y quizá más significativo es que, en el caso de Jhosivani, la confirmación de su identidad se hizo a partir de una vértebra que no había sido expuesta al fuego, al menos no de manera directa, lo cual facilitó el trabajo del laboratorio. ¿Significa ello que el cuerpo no fue incinerado, como indicaba la versión final de Murillo Karam? ¿Significa que unos cadáveres fueron quemados y otros no?

El otro aspecto de discrepancia es el sitio del que fue levantada la vértebra que llevó a la identificación: en la barranca de La Carnicería, que se ubica a unos 800 metros del tiradero a cielo abierto de la cabecera de Cocula, donde según la antigua versión ocurrieron los hechos. No es una gran distancia, es verdad, pero no es poca cosa tampoco. Parece confirmar que, en ese punto, la verdad histórica no era verdad.

Y eso no es poca cosa. n

Sano sería que, habiendo emitido la autoridad electoral su veredicto en torno a las elecciones del domingo 6, los ex candidatos aceptaran los resultados y se unieran a los ganadores para hacer un mejor trabajo en aras de la mejoría de ayuntamientos y el estado.

Si optan, no obstante, por la decisión de impugnar, habrá que reconocer que están en su derecho.

Es correcto encauzar sus inconformidades por los cauces legales; para eso están ahí las instancias superiores a las que tuvieron a su cargo la realización de los comicios.

Cae bajo su responsabilidad, del mismo modo, desoír el llamado del gobernador Héctor Astudillo Flores en el sentido de respetar los resultados del 6 de junio.

El excandidato a la gubernatura por la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, está dolido.

Creyó que tenía ya la constancia de gobernador electo en la bolsa, sobre todo cuando el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCGro) le retiró la candidatura al morenista Félix Salgado Macedonio.

Queda ahí para la historia que la determinación lo regocijó, y la festejó.

Aplaudió la actuación del organismo.

Le pareció un fallo justo y legal; en tanto ahora, ya perdedor, se vuelve contra el Instituto para acusarlo de violar los principios de neutralidad e imparcialidad del proceso electoral.

Quedó claro que no gana el que gasta más dinero.

Aparte, el tiempo colocó a cada quien en el lugar correspondiente.

Moreno Arcos sencillamente no tuvo la estatura política de Salgado Macedonio –a cuya trayectoria sólo habrá que echarle un vistazo– y al final de cuentas tampoco alcanzó la de Evelyn Salgado Pineda, a quien pretendió degradar calificándola de incapaz y de desconocer el estado, e incluso criticó porque, junto con su padre, Salgado Macedonio, cantaba en los encuentros partidistas.

Pura basura.

Ni para desprestigiar demostró talento.

No halló –porque no los hubo– elementos de peso para demostrar públicamente que él era mejor candidato, siendo un político gris, opacado.

Ya noqueado, lanza sus últimos estertores amagando con la impugnación, haciendo a un lado la exhortación de su jefe político, el gobernador Astudillo Flores.

Si en la contienda no levantó, con la impugnación busca hacer ruido posiblemente para enturbiar el cambio de gobierno, así el mandatario del estado haga hincapié en que “el gobierno que inicie a partir del 15 de octubre tendrá que hacer política de entendimiento y no de vencimiento, para que se mantenga la gobernabilidad”.

No sólo es importante que el gobierno entrante recurra al entendimiento, sino todos los sectores, todos los ciudadanos.

Mientras tanto, Moreno nada contra la corriente, buscando camorra.

Legal, pero camorra al fin. n

Aunque suene a aberración, a veces la incongruencia tiene sitio de honor en la función pública.

Dicho con otras palabras: en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) oyen el temblor y no se hincan.

Aunque está en quiebra técnica y financiera, declaración que sus mismos funcionarios le han conferido de manera reiterada para que no haya dudas, 21 ex funcionarios recibieron un bono por más de un millón 115 mil pesos.

Aunque la paramunicipal está hundida, el bono, según explicación de su ex director general Leonel Galindo González, “es legal”, corresponde a 2020 y es por concepto de “productividad”.

Si la Comisión hubiera superado su estatus de empresa basura, podría entenderse que incentivaran a sus funcionarios, pero lejos de ello, sus problemas económicos empeoran.

Otro punto: Galindo González sostiene que el bono fue incluido en el presupuesto del ejercicio fiscal 2020 (cuando tenía rato ya arrastrando la bancarrota); incluso, afirmó, hay actas firmadas el 12 de diciembre por los integrantes del Consejo de Administración de Capama, en las que se consideró ese recurso.

Hace varios días ya que el exfuncionario formuló esas declaraciones, sin que lo desmintiera algún integrante del Consejo de Administración, que encabeza la alcaldesa Adela Román Ocampo, lo que mueve a pensar que efectivamente son ciertas.

El regalazo a la “alta productividad” hecho por el Consejo de Administración habría pasado inadvertido de no ser por el contralor municipal, Francisco Torres Valdez, quien lo hizo público advirtiendo que es ilegal.

Tal vez la Comisión de Hacienda del cuerpo edilicio del ayuntamiento porteño se zafe del embrollo alegando que Capama es un organismo autónomo y, por tanto, se rige de modo independiente a la comuna; no obstante, habrá que decir que en el Consejo de Administración ocupan sendas sillas la presidenta municipal y algunos regidores, además de representantes de asociaciones civiles, que, al guardar silencio, se convierten en cómplices de los depredadores.

¿Será este tipo de mafias al que la actual administración municipal ha hecho referencia desde su comienzo y respecto a la cual indicó que ya se le tenía ubicado y que ya sabían qué hacer, pero nunca la tocaron?

Si es el Consejo de Administración quien auspicia estos desórdenes que hunden más a Capama, ¿quién se encargará de meter orden? n

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