La exhortación de la administración estatal a los presidentes municipales de la entidad, en el sentido de crear un pacto por la seguridad ante la gravedad del problema de la violencia, si bien ganó los titulares principales de los medios de comunicación, no genera una sensación muy esperanzadora para la población.

El efecto mediático resultó todo un éxito, mas la eficacia del mensaje está por verse.

Si contando con la participación de las fuerzas armadas y la Policía Federal, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que la sensación de inseguridad aumentó de 83.2 a 85.9 por ciento de junio a septiembre de este año, la probable formación del pacto por los ayuntamientos no envía ningún mensaje de confianza porque las policías municipales permanecen en una situación de desorganización e impreparación, además de que no son nada confiables, pero más que nada por la indiferencia de los alcaldes.

Ya hace unas semanas, el mismo gobernador Héctor Astudillo Flores lanzó a los alcaldes una exhortación a asumir su responsabilidad en las tareas de seguridad pública, pero no obtuvo respuesta de ninguno de los 81.

Ahora, en el caso del llamado al pacto, solamente la voz del presidente municipal de Acapulco se ha escuchado respaldando la iniciativa y para apoyar la inquietud del mandatario respecto a impulsar la creación del Mando Único de Policías.

Las autoridades municipales poco o nulo caso han hecho de certificar sus cuerpos policiacos; ni siquiera en Acapulco, el municipio más importante de la entidad, se ha llevado a cabo a plenitud, aparte de que el primer edil ha sostenido invariablemente que en materia de seguridad ha hecho lo que le corresponde, lo que significa que, si ha cumplido, no tiene por qué dar más.

Cumplidos ayer cuatro años del asesinato de la dirigente social Rocío Mesino Mesino, no hay ningún resultado tendiente a esclarecer el homicidio y a castigar a los responsables.

Ex regidora de Atoyac y dirigente en su momento de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Mesino Mesino fue asesinada a balazos a plena luz del día por dos sujetos en el puente de Mexcaltepec, comunidad de ese municipio, cuando encabezaba los trabajos de reconstrucción después de los meteoros Ingrid y Manuel.

La Fiscalía General del Estado se encuentra con las manos vacías.

En conferencia de prensa ofrecida el martes pasado por la hermana de la víctima, Norma Mesino, y las abogadas Natalia Pérez y Valeria Moscoso, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, informaron que el caso será turnado a la fiscalía especial para agravios a defensores de derechos humanos y periodistas dependientes de la Secretaría de Gobernación, determinación tomada durante una reunión que sostuvieron con el fiscal general Xavier Olea Peláez.

Para el defensor de derechos humanos Javier Morlett Macho, hay razones para creer que el caso nunca se va a resolver; al pasar los años, puntualiza, las líneas de investigación del crimen se van diluyendo y eso complica una investigación puntual.

No podía ser más oportuno el momento elegido por el alcalde Evodio Velázquez Aguirre para manifestar su posición –cercana a la ya conocida del gobernador Héctor Astudillo Flores–, en el sentido de que es necesario revisar el estatus de la amapola, catalogada hasta ahora como cultivo ilegal, al igual que sus derivados.

Coincide el presidente municipal con el mandatario estatal en que mantener la prohibición de este cultivo y de sus derivados da pie a la violencia de las bandas criminales, pues su alta rentabilidad les sirve de aliciente y motor para vivir al margen de las leyes.

Un día antes de la declaración del alcalde, el Inegi publicó su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), según la cual durante septiembre de este año la percepción de inseguridad entre los ciudadanos siguió en ascenso respecto del mes anterior y respecto del mismo mes, pero del año pasado, en todo el país.

Guerrero, por supuesto, tiene participación en estos resultados, si bien con sus particularidades. Según la encuesta del Inegi, mientras en Acapulco los habitantes se sienten más inseguros, en Chilpancingo y en Ixtapa-Zihuatanejo se sienten menos inseguros, pero no tanto como para echar las campanas al vuelo, pues en la capital se sienten inseguros 92.4 por ciento de ellos, mientras que en el par de balnearios de Costa Grande tienen sensación similar 79.2 por ciento de los pobladores.

Dijo bien el gobernador Héctor Astudillo Flores cuando precisó que las tareas de investigación de los delitos no es de su competencia.

Es, efectivamente, de la Fiscalía General del Estado (FGE), rango que adquirió luego que desapareció la Procuraduría General de Justicia del Estado, para ir acorde con el sistema penal acusatorio, que entró en vigor a mediados de 2016.

No obstante, a falta de información suficiente, la mayor parte de la población siguió con la idea de que la procuración de justicia, ahora a cargo de la FGE, seguía dependiendo del Poder Ejecutivo; en consecuencia, la ola de protestas y exigencias de la aplicación de la ley, derivadas de los constantes homicidios y otros delitos, se han proyectado contra el gobierno del estado, que, quizás por táctica política, se había resistido a deslindarse.

Si bien el titular de la Fiscalía, Xavier Olea Peláez, se ha encargado de vender la idea de que el gobernador es su jefe, y éste no se había encargado de desmentirlo, la verdad es que el mandatario ninguna autoridad tiene, legalmente hablando, sobre la FGE y, por tanto, ni sobre el Ministerio Público, ni sobre la Policía Ministerial.

El cambio ha ocasionado confusión; si bien el jefe del Ejecutivo propuso a Olea Peláez para ocupar el cargo, fue el Congreso local el que aprobó el nombramiento; por tanto, ahora, los que demandan la salida del fiscal general ante la falta de resultados sobre la ola de violencia que ahoga a Guerrero, no saben si enderezar la exigencia hacia el gobernador o al Congreso local.

En sí, la FGE se manda sola; es autónoma, sin injerencia alguna del Poder Ejecutivo.

Por tanto, no se sabe de bien a bien a quién tiene que rendir cuentas el fiscal.

Es un hecho que el gobernador no cuenta con facultades para destituirlo, y si la atribución corresponde al Congreso, los diputados se han hecho los sordos y omisos hasta ahora respecto a los reclamos de los sectores de la población que cuestionan ruidosamente la labor del fiscal general, que no ha hecho más que quejarse de sus colaboradores y de falta de recursos económicos para desempeñar el cargo.

Entre tanto, mientras la ola de sangre baña a Guerrero, el trabajo desarrollado por la FGE no ha ido más allá de realizar alguna detención de poca importancia, recoger alguno que otro vehículo, así como levantar las actas correspondientes a los asesinatos y comprometerse de manera puntual y contundente a investigarlos, sin que sus supuestas investigaciones den resultados que vayan más allá de las especulaciones. n

Una ola de estupor, alarma e indignación levantó el asesinato del líder social Ranferi Hernández Acevedo, tras lo cual se dejó venir un alud de condenas y protestas de organizaciones sociales, reforzadas por la exigencia del pronto esclarecimiento del homicidio y el castigo a los responsables.

Causó extrañeza que el atentado contra el dirigente, su esposa, su suegra y su chofer ocurriera a 500 metros de la ubicación de un retén militar, sobre la carretera Ahuacuotzingo-Chilapa, región Centro de Guerrero, una zona erizada de puestos de revisión a cargo de las fuerzas de seguridad.

Sorprendió, asimismo, que Ranferi, lo mismo que su esposa, presentaran características propias de una ejecución, pues muy conocida era su honorabilidad y su rectitud, sin relación alguna con actividades ilícitas, lo que lo aleja de la posibilidad de que haya sido asesinado por narcotraficantes, lo cual conlleva a preguntarse cuáles fueron los móviles del crimen, mismos que las autoridades deberán descubrir cuanto antes, pues en cualquier momento surgirán exigencias en ese sentido en el ámbito internacional, donde se le conoce por haber estado exiliado en Europa.

Ranferi Hernández, impulsor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador –líder nacional de Morena–, fue dirigente estatal del PRD en 1993.

En 1995, la matanza en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, marcó su carrera política. Se convirtió en uno de los más críticos del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, a quien se le responsabilizó como uno de los autores intelectuales de la muerte de 17 campesinos a manos de policías estatales.

En ese tiempo, Ranferi Hernández era diputado local, y tras la caída de Figueroa Alcocer continuó la exigencia de justica por la matanza. Al relevo en el gobierno de Guerrero llegó Ángel Aguirre Rivero y, según denunció en ese tiempo el líder social, lo comenzó a hostigar, hasta que lo obligó a dejar el país, exiliándose en Francia cuatro años.

A su asesinato se suman los de otros militantes de la izquierda en Guerrero, entre ellos el del ex alcalde de Zitlala Francisco Tecuchillo Neri; el del secretario general del PRD en el estado Demetrio Saldívar Gómez; el del alcalde de Pungarabato Ambrosio Soto Duarte, y el del ex diputado local Roger Arellano Sotelo, además de la desaparición del ex diputado federal Catalino Duarte Ortuño, que navegan en el mar de la impunidad. n

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