Se le dará trámite y se someterá a la consideración del Pleno


Este lunes, la presidenta de la Mesa Directiva, Eunice Monzón García, recibió el 5° Informe de Gobierno del Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, mismo que fue entregado por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.

Señaló la legisladora que se le dará el trámite respectivo al documento y someterá a consideración del Pleno el formato para la presentación pública del estado que guarda la administración estatal, por parte del jefe del Ejecutivo, así como las comparecencias de los secretarios de Despacho.

Atestiguan el acto los diputados locales

Atestiguaron este acto el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Villanueva Vega; Héctor Apreza Patrón, secretario, y los vocales Bernardo Ortega Jiménez, Manuel Quiñónez Cortés y Arturo López Sugía, además de los diputados Héctor Ocampo Arcos, Jorge Salgado Parra y Heriberto Huicochea Vázquez.

 

El 22 de septiembre pasado, el Congreso del estado exhortó al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu federal), Román Meyer Falcón, a presentar un informe de la remodelación del parque Ignacio Manuel Altamirano (Papagayo), porque los diputados, argumentaron, desconocen el proyecto.

La exhortación incluía a los titulares de las secretarías de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sduopot), Rafael Navarrete Quezada, y de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, ambos del gobierno estatal.

Evidentemente, tanto el funcionario federal como los dos estatales han hecho el vacío a los legisladores.

Y vaya que sí ha habido cuestionamientos sobre las obras, sin que se llegue al esclarecimiento de los mismos.

El 20 de febrero, miembros del Colegio de Arquitectos de Guerrero clausuraron de manera simbólica la construcción de la barda perimetral; su presidente, Miguel Ángel Moreno Lanche, dijo que eran unos dos metros de banqueta de la Costera los que estaban siendo ocupados ilegalmente por la construcción de la barda quitando espacio para transitar a los peatones.

El 2 de marzo, integrantes del observatorio ciudadano de las obras de remodelación, encabezados por Bernardo Salas Roldán, se quejaron de que no se les permitía participar, ni se transparentaba el uso de los recursos del proyecto en el que se invierten 300 millones de pesos de Federación y estado, como tampoco el destino final de los animales y de los recursos naturales que salían del lugar.

El 5 de junio, constructores, arquitectos e ingenieros del estado acusaron a Meyer Falcón de incurrir en corrupción en la licitación de las obras del parque.

Nadie les hizo caso.

El 3 de septiembre, los presidentes de la Asociación de Empresas Constructoras de Guerrero (AEC), José Luis Cuevas Pano, y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Guerrero, José Alberto Díaz Servín, volvieron a la carga.

Insistieron en que había corrupción en Sedatu y en que su titular asignaba las obras a sus allegados, pasando por alto la licitación.

Queda claro que los constructores patalean porque no les dan obras y de eso se quejan, diciéndose relegados, pero eso no significa necesariamente que los señalamientos que hacen sean falsos.

No obstante, los volvieron a ignorar.

Pero nadie de los quejosos puede considerar que está solo con sus lamentos; a los diputados también los han ninguneado. n

A seis meses de haber comenzado en Guerrero, la epidemia del Covid-19, lejos de decaer, se agudiza, al punto de acercarse a los 20 mil contagios.

El escenario se presenta, ya no preocupante, sino alarmante, pues la entidad, después de haber estado en semáforo amarillo, está a punto de abandonar el naranja para regresar al rojo, lo que agravaría la catástrofe económica y sus consecuencias.

Ya en el estado actual, la hospitalización de contagiados se eleva, la gente sigue muriendo, pero no es suficiente para que la población opte por aplicar las medidas sanitarias recomendadas por el gobierno.

La contradicción en el combate persiste; la resistencia en el gabinete federal contamina a las demás esferas.

El hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump –otro reacio a usar cubreboca–, haya dado positivo, debería servir a los escépticos para convencerse de la importancia de apegarse a los protocolos sanitarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Si por un lado se minimizan los efectos de la pandemia –“ya vamos saliendo”, dicen– y por otro se rema contra la corriente contraviniendo las medidas sanitarias, no es de sorprender los resultados y consecuencias del día a día.

En la entidad guerrerense, la autoridad no se yergue precisamente como un ejemplo a seguir.

Si bien se apega con rigor a las medidas del cubreboca, por ejemplo, su lucha cojea al ser muy estricta con unos y condescendiente con otros.

Así, aplican todo el rigor a los bares, por citar un sector –que está bien–, pero abandona al transporte, no obstante ser considerado por el gobierno estatal uno de los dos principales focos de infección. El otro son los hospitales.

Se antoja difícil, por no decir imposible, el control en playas, plazas públicas y, no se diga, mercados, porque la autoridad carece de mecanismos para presionar a la gente, pero donde sí puede apretar las tuercas –transporte público– no hace nada.

Habría que ver si los colectivos o urbaneros no se apegan a las normas si el gobierno no los amaga con cancelar las concesiones y se lo cumple a los primeros incrédulos.

Veríamos si no.

Salir a la calle a fumigar el interior de las unidades y repatir gel en un acto de gran espectacularidad, como se ha hecho en Chilpancingo, para luego retirarse a dormir, no funciona.

No es cuestión del show para la foto o el video, sino de mantener una medida sistemática, constante, permanente, hasta que sea necesario.

Por otro lado, resulta grotesco el anuncio de aplicar multas a los opositores a las medidas de prevención, sin antes meter mano donde se tiene control.

 Otro punto: habría que preguntar a la Comisión de los Derechos Humanos del estado si no se viola los derechos de los usuarios de los bancos cuando no les permiten el ingreso a las oficinas si no llevan cubreboca.

Si no llevan, no entran –que está bien–; no los obligan, pero los presionan con la amenaza tácita de pegarles en el bolsillo: Si no entran, no hay dinero.

¿Y en los centros comerciales? ¿Tampoco se violan? Si no lleva cubreboca la gente, no le colocan el pie en el cuello para que lo lleve, pero no la dejan entrar. Y si no entran, no hay alimentos.

Uno más: en comunidades alejadas, municipios inclusos, como los de la sierra y la región de La Montaña, las policías municipales en coordinación con las comunitarias han sido quienes han tomado el control en la aplicación de protocolos.

La gente no ha tenido más opción que someterse, pero a cambio las cifras de contagiados son muy reducidas.

Ahí la gente opta por la salud.

Pero los gobiernos estatal y municipales no tienen por qué pelearse con Derechos Humanos. Con actuar con cabalidad en su área de influencia podría mejorar los resultados.

Después de lograr el control en lo que sí pueden manejar, habría que ver lo que sigue.

¿Para qué meterse en protagonismos innecesarios?

Como una manera de llamar la atención, sí pega, pero está lejos de ser una postura seria y efectiva. n

Reconoce Astudillo el trabajo del jefe saliente Ernesto Ávalos Pardo


Chilpancingo, 1º de octubre. El gobernador Héctor Astudillo Flores en compañía del comandante de la Novena Región militar, Eufemio Alberto Ibarra Flores; asistió a la toma de posesión al cargo y protesta de bandera del general de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Miguel Ángel Aguirre Lara, como nuevo comandante de la 35 zona militar, quien sustituye en el cargo al general José Ernesto Ávalos Pardo.

Junto a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Eunice Monzón García; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, así como integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el Ejecutivo guerrerense, reconoció el trabajo y dedicación del General José Ernesto Ávalos Pardo en el tiempo que estuvo al frente de la 35 zona.

Astudillo Flores le agradeció la disposición para sumarse a los trabajos en materia de seguridad y por la reconversión del hospital Covid-19 en Chilapa de Álvarez.

Conforme al ceremonial militar, generales, jefes, oficiales y tropa de los organismos jurisdiccionales, le dieron la bienvenida al comandante de la 35 Zona Militar Miguel Ángel Aguirre Lara a quien reiteraron su lealtad.

Aunque no fue en la actual administración estatal que surgió el problema de trabajadores no integrados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), es el gobierno de Héctor Astudillo Flores el que tiene que lidiar con el conflicto de no tener recursos para cubrir sus salarios.

El final del túnel no se avizora en ninguna parte; lejos de vislumbrarse una solución, que reside en el gobierno federal, el caso se agrava más.

El asunto denominado No Fone está lejos de tocar fondo. El que ya lo tocó es el gobierno estatal que, lo ha advertido Astudillo Flores, no tiene de dónde tomar dinero para pagar las quincenas; en consecuencia, cada 15 días no se hacen esperar las protestas de los afectados, que reclaman su salario.

El secretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, explicó que al asumir el cargo, el gobernador halló 13 mil 100 plazas que no estaban integradas al Fone y que en cinco años se ha anexado a más de 7 mil trabajadores.

La idea del gobierno estatal consiste en que la Federación absorba a los empleados que están fuera del fondo; no obstante, ha sido reacia a ceder.

Y no le falta razón: desde 1999, las administraciones estatales han venido concediendo plazas sin contar con el techo presupuestal correspondiente y sin tener la aprobación del gobierno federal.

Cada gobernador ha pellizcado recursos a diversos programas y secretarías para pagar los salarios, pero en la actual gestión, la granada le explotó en las manos a Astudillo Flores, porque ya no hay de dónde sacar moneda.

Las gestiones que ha hecho ante el gobierno federal para que absorba la nómina no han dado los frutos esperados; hoy en día, con los ajustes presupuestales, el panorama empeora.

Así, el gobierno estatal no tiene dinero; los trabajadores reclaman su salario y la Federación se resiste a entregar recursos, así como a atraer a los afectados No Fone.

En el horizonte no se otean más que barruntos de tempestad. n

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