Es de lo más usual, y está visto que cada vez lo es más, que en épocas electorales los partidos contendientes anuncien por todo lo alto las adhesiones de militantes relevantes o de grupos más o menos amplios de integrantes de otras formaciones políticas.

Es usual y es también hasta cierto punto normal, porque las épocas electorales son temporadas de definiciones. Antes lo eran por razones netamente ideológico-políticas; ahora lo son más por motivaciones directamente relacionadas con la repartición de las posiciones de poder.

Hoy, militantes que no resultan candidatos a cargos de elección popular pueden sentirse blanco de discriminación, o pueden no sentirse debidamente recompensados por sus servicios partidistas. Y pueden acabar decidiendo abandonar su partido y, si también les es posible, llevarse con ellos al mayor número de correligionarios.

Esto pasa en todos los partidos y, al menos en apariencia, cada vez con más frecuencia.

Por eso esta migración causa menos extrañeza en cada proceso electoral. Pero no debería ser así, sino que dirigentes y militantes deberían obrar en la misma sintonía y decidir en apego a sus fundamentos ideológicos y políticos. Los dirigentes deberían proponer lo que consideran más conveniente no sólo para el partido, sino también –sobre todo– para la nación, y los militantes afectados deberían procurar ser más disciplinados y acatar con más humildad las decisiones de la superioridad que se enmarquen en esos criterios.

En otras palabras, el fenómeno muestra una especie de descomposición de la militancia partidista, una especie de degradación de la mística que, se supone, implica participar en un partido político, un descenso en la altura de miras de quien decide militar en una organización.

Esta descomposición ha trascendido a los partidos y ha llegado a las cámaras de diputados y senadores, donde la filiación partidista ya se había vuelto moneda de cambio, y los grupos parlamentarios ya estaban comprando –sí, comprando– representantes populares de otras formaciones políticas para formar mayorías artificiales o para acceder a presupuestos inalcanzables por otras vías.

Al respecto, ya el INE adoptó criterios para evitar este modo de lograr mayorías artificiales. Es un paso que hay que analizar y, de ser conveniente, afinar.

Sin embargo, es claro que esta circunstancia es uno de los nuevos escenarios de la democracia participativa. Y más vale que nos vayamos acostumbrando. n

La historia demuestra que cuando fuerzas oscuras –por darles una denominación– han determinado eliminar a algún político o gobernante no hay poder humano que lo impida, así lo resguarden todas las fuerzas de seguridad.

Así lo prueba el caso de Estados Unidos, por citar sólo un país, uno de los más poderosos del mundo, cuatro de cuyos presidentes han sido asesinados.

John F. Kennedy fue baleado el 22 de noviembre de 1963 a las 14:30 horas cuando circulaba en el coche presidencial por la plaza Dealey.

Antes, el 14 de abril de 1865, alrededor de las 22:25 horas, Abraham Lincoln recibió un tiro en la cabeza cuando asistía al teatro Ford en Washington DC.

¿Les faltó vigilancia?

El tema viene a colación por las declaraciones del secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, David Portillo Menchaca, en el sentido de que al menos 27 candidatos a cargos de elección popular de diversas regiones del estado han solicitado y obtenido el resguardo de 116 policías.

Ayer, la Mesa de Coordinación para la Paz, responsable de definir estrategias para tratar la seguridad, abordó el tema.

¿Resuelto el problema?

Un recuento elaborado por Héctor Briseño, reportero de La Jornada Guerrero, publicado este 26 de abril, aporta con nombres, apellidos, ubicación y cargos, una relación de 18 políticos, funcionarios y candidatos asesinados entre abril de 2020 y abril de 2021.

¿Qué hizo la Mesa de Coordinación para protegerlos?

¿Hará lo mismo con los candidatos que acaban de demandar resguardo policiaco?

Los aspirantes a puestos de elección popular saben a ciencia cierta el peligro que corren, pero es de entenderse que sus deseos de disfrutar o seguir disfrutando –según el caso– las mieles del poder son más fuertes que su miedo.

Y saben que si alguien, desde la oscuridad o la claridad, se ha propuesto dejarlos a medio camino, su destino ha sido trazado ya.

Por eso mismo, siete candidatos –cinco mujeres y dos varones– han renunciado ya a sus aspiraciones. Eso, por lo que corresponde sólo al distrito electoral 10, con sede en Tecpan.

Luego entonces, la vida de los candidatos es un volado cuya moneda está en el aire. n

Tiempos de guerra

Ago 03, 2021

No dejan de sorprender los señalamientos que el síndico administrativo de Acapulco con licencia, Javier Solorio Almazán, lanza al viento sin sustento alguno en el sentido de que alguien ha robado cada año 300 millones de pesos de las arcas municipales.

Podría considerársele oportunista y acusársele de que tuvo que pedir licencia al cargo y fracasar en su pretensión de obtener la candidatura a alcalde para desenfundar su espada flamígera y arremeter contra quienes fueron sus compañeros de partido, pero el morenista que saltó al PRI-PRD sostiene que, en su posición de síndico, denunció desde el principio la corrupción que existe en esta administración, ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y ante los líderes partidistas “para no ser omiso”.

A simple vista, eso parece imprimir seriedad y certeza al planteamiento; no obstante, en ningún momento exhibe documento alguno en el que conste que efectivamente presentó las denuncias.

¿Cuándo las hizo llegar? ¿Quién le firmó de recibido? ¿Qué folio contiene cada oficio? ¿Por qué no dio seguimiento al caso?

Otro punto: ¿Cómo es que nunca se supo de esa información si, siendo tan comunicativo –tanto así que cada ocho días ofrecía conferencias de prensa para informar sobre su desempeño–, no llegó a tocar el tema?

De ninguna manera se insinúa –y menos aún se sostiene– que en la alcaldía todo sea honestidad, pero lo afirmado por Solorio Almazán tiene todo el perfil de vendetta.

El señor siempre navegó contra corriente en el ayuntamiento, pero ahora, tras el resbalón que se llevó en sus aspiraciones políticas, se muestra muy resentido, de ahí su paso a las filas de la alianza PRI-PRD.

De ser cierto, lo dicho por Solorio estaría exhibiendo al cuerpo edilicio también como omiso y corrupto, pues debió haber sido ante el mismo cuerpo colegiado que tuvo que presentar primero la acusación de malos manejos, y si lo hizo y sus compañeros regidores no procedieron, estarían situados en el deshonroso sitio de cómplices.

Pero resulta que no sólo de una trinchera emerge fuego.

Hace unos días, el titular del Órgano de Control Interno Municipal, Francisco Torres Valdés, aseveró que Solorio Almazán dejó 60 aviadores adscritos a su sindicatura, mismos que, afirmó, “andan en campaña y sólo se presentan a firmar su papeleta de pago en días de quincena”.

Torres Valdés no dijo si ha procedido para corregir la supuesta irregularidad.

Ahora bien, ¿tuvo que solicitar licencia el síndico para descubrir sus aparentes excesos?

Tal vez en el ayuntamiento todos sean muy íntegros, pero no lo aparentan.

¿Dicen la verdad o sólo se trata de bañarse de lodo mutuamente? n

Nada fácil se presenta el problema de los maestros que, habiendo bloqueado ambos sentidos de la Costera, a la altura de la Base Naval, fueron desalojados por la policía.

Nada fácil, y si no hay voluntad para resolverlo, peor aún.

Los jubilados, en 2016, demandaban –y siguen demandando– entre el pago de otros adeudos, el relativo al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)-Fovissste, correspondiente a 2 por ciento de su salario, el cual, exponen, les fue retenido durante 30, 40 y 50 años de su vida laboral activa.

Cinco años tienen reclamando el pago, pero en vez de entregarles su dinero, “nos agreden”.

Visto el asunto desde esta arista, se percibe no solamente grave, sino inhumano.

No obstante, si la versión de la Secretaría de Educación Guerrero es cierta, el panorama adquiere otra tonalidad.

“Cuando el gobernador Héctor Astudillo Flores asumió la gubernatura en octubre del 2015, la nómina se encontraba federalizada, por lo que en esta administración estatal no existe ningún adeudo con los pensionados y jubilados”, expone en un comunicado.

“El adeudo histórico de las aportaciones patronales del SAR-Fovissste, asciende a más de 4 mil 600 millones de pesos, debido a la falta de pago de anteriores administraciones desde 2001”, añade para exculpar a la actual administración.

En otras palabras, la SEG advierte que el presente régimen estatal nada tiene que ver con el adeudo.

O sea que los jubilados le están cobrando algo que no les debe.

Así fuera cierto, tampoco es como para que el gobierno les aplique la ley del garrote.

Nadie podría rebatir que actuó con apego a la legalidad; los señores de plano cerraron totalmente el paso a los vehículos, pero ¿cuántos grupos de inconformes no lo hacen día a día impunemente?

¿Por qué a unos les aplica la ley y a otros los trata con toda la tolerancia?

Bien podría, en cambio, buscar la manera de mediar para que el nivel gubernamental al que le corresponda salde cuentas con los jubilados.

Si los docentes dedicaron su vida al magisterio, es decir que sirvieron al gobierno, lo más justo, legal y humano, es que les entreguen lo que les corresponde.

Si los señores fueran de otro estado, habría que mandarlos a su lugar de origen a que bloqueen las calles, pero si son guerrerenses, el gobierno de Guerrero haría bien en orientarlos y apoyarlos para que les paguen en vez de arremeter contra ellos, porque se trata de un asunto institucional. n

Camino sin final

Ago 03, 2021

Cumplidos 79 meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, nada mueve a pensar que públicamente se llegue a saber la verdad de lo ocurrido y menos aun que se vaya a castigar a los responsables materiales e intelectuales.

Este 26 de abril, normalistas de Ayotzinapa, activistas, maestros disidentes y sindicalistas hicieron ver su malestar por la falta de avances en las pesquisas y exigieron al gobierno federal que cumpla su compromiso de esclarecer los sucesos y hacer justicia.

Demandaron que se hagan efectivas las investigaciones de la Comisión para la Verdad y la Justicia; que se investigue al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y al ex presidente Enrique Peña Nieto, y que se reabran las líneas de investigación contra los militares.

Suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que Aguirre Rivero es ajeno a los hechos, lo que no se puede negar es que, siendo la primera autoridad de Guerrero, necesariamente sabía que estaba pasando y conoce el desenlace de los hechos, lo mismo que a los participantes.

No llamarlo para que rinda cuentas al respecto es un indicativo innegable de que no hay voluntad política para hacer justicia, porque risible sería decir que, entre la clase política y gobernante, así como entre el Ejército, no se sabe ni cómo estuvo la tragedia, ni quienes fueron sus autores.

Difundirlo así sería faltar al respeto a la inteligencia de los guerrerenses, de los mexicanos y de los organismos internacionales involucrados e interesados en el caso.

Así como no se ha tocado a Aguirre Rivero, tampoco se ha hecho con Peña Nieto, cuyo gobierno buscó e inventó todas las maneras de distorsionar los hechos y descarrilar las supuestas investigaciones hacia terrenos en los que salía sin raspón alguno.

“Hay una historia de impunidad y de no castigo a los culpables”, acusan normalistas.

Peor aún es que no haya intención de corregir lo que se ha hecho de manera torcida, y se sigue alimentando a los padres con la idea de que habrá castigo para los culpables.

Es por demás grotesco que el gobierno federal maneje la treta de ofrecer recompensa para que la gente aporte información sobre lo ocurrido.

El asunto es simple y sencillo: no puede llegarse a un punto al que no se quiere llegar.

Lo que no se vale es jugar con los sentimientos de unos padres que abrigan aún la esperanza de saber qué pasó con sus hijos. n

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