Que los planes de vacunación contra el nuevo coronavirus –no sólo los del gobierno de México– se vean alterados por errores y fallas, es comprensible hasta cierto punto. Más allá del argumento de que nada funciona a la perfección por más de un lapso muy limitado está el hecho de que la humanidad entera se enfrenta a una situación inédita con el SARS-CoV-2, por su contagiosidad, por su letalidad y por los desafíos que implica tratar de predecir con certeza su comportamiento.

Muchos adultos mayores que en Acapulco hacían fila ayer para recibir su segunda dosis se enteraron de pronto que las vacunas se habían agotado, y que no había más remedio que volver a su casa a esperar una nueva llamada para presentarse a la inoculación.

Al mismo tiempo, el delegado federal, Iván Hernández Díaz, informaba que la causa de esta falla en el programa de vacunación estribaba en el hecho de que la Cofepris determinó detener un cargamento de vacunas Sinovac para validarlas.

Por donde sea que este incidente sea mirado, se trata de una falla que no debió ocurrir, y lo deseable es que las autoridades responsables del plan de vacunación aprendan de esta experiencia para no repetirla, pues entonces se trataría de un error grave.

Pero la prueba de que en este atropellado y presuroso proceso de vacunación mundial los errores son de lo más usual es que ha ocurrido una gran cantidad de ellos en todo el globo. A principios de marzo de este año, el gobierno de Nuevo León devolvió al gobierno federal 4 mil 680 dosis de la vacuna de Sinovac porque a los responsables de la salud pública del estado les pareció que no llegaron en las mínimas condiciones de conservación, pues se las entregaron en hieleras a una temperatura inadecuada. Situaciones similares han tenido lugar en otras entidades del país y en otros países.

En enero, en Florida, un empleado desconectó por error el refrigerador en el que se mantenían mil 160 vacunas a la temperatura adecuada, las cuales resultaron en pérdida total. Y han ocurrido errores de otro tipo que también han afectado los planes de vacunación. Por ejemplo, hay quienes opinan que la actual crisis del Covid-19 en la India se debe a actos públicos que congregaron a miles de personas sin mascarilla –como mítines electorales y festivales religiosos–, autorizados por el gobierno cuando la recomendación era mantener la sana distancia entre las personas.

El error que dejó ayer a cientos o miles de acapulqueños sin su segunda dosis tal vez quede en el anecdotario del plan de vacunación de México. Pero no debe repetirse. Las autoridades deben aprender de la experiencia. n

El hecho de que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz haya “tomado nota” de la reciente quema de locales en mercados de Acapulco, ¿debería suponer que con ello los porteños pueden estar tranquilos, confiados en que, después de esa medida, nada ocurrirá que altere su de por sí estropeada paz?

La delincuencia ha dejado sin palabras al gobierno.

Nada de lo que la autoridad diga puede tranquilizar a la gente.

Nada es creíble. Confiable, menos.

Qué quieren decir  con el galimatías ese de que “ya se están preparando las estrategias adecuadas para poder prevenir y combatir esta situación”?

Si ya saben cómo prevenirlo, ¿por qué no lo han hecho?

¿Esa estrategia implica resguardar todos los mercados de Acapulco?

Dicen que “con los operativos que se están programando en las zonas donde se han suscitado estos hechos violentos vamos a lograr el objetivo: inhibir el delito”.

¿Nada más en las zonas donde ocurrieron los incendios?

¿Y los demás sectores del puerto quedarán desprotegidos?

Porque sabido está que si el gobierno concentra su vigilancia en un área, la delincuencia ataca en otra.

Incluso, suele suceder que golpea en un lugar para que acudan todas las fuerzas policíacas y militares, como sucede, y al mismo tiempo ataca en otra distinta.

En el mismo ámbito gubernamental se acepta que las fuerzas de seguridad operan en desventaja desde el momento en que los delincuentes saben dónde se encuentran aquellas, hacia dónde se mueven, por dónde van pasando.

Saben si se trata de policías o militares, o un combinado de ambos; si son pocos o muchos.

Disponen de la información clara, precisa y suficiente para atacar en el momento oportuno al sitio o a las personas que previamente han seleccionado.

En contrapartida, los representantes de la ley cuentan con la información de dónde se esconden, sus áreas de operación, quiénes son, conocen a sus cabecillas, pero no los molestan.

No es invención. Ni imaginación. Tampoco suposición. Reportes detallados con abundantes datos de todo tipo han publicado los responsables de la seguridad al respecto.

¿De qué les sirve toda esa información?

Unos la utilizan para sus propósitos delictivos, en tanto otros la usan para consumo propio, para abultar sus archivos, sin sacarle beneficio alguno para la sociedad.

¿Sirve de algo que la Mesa de Coordinación sesione todos los días? n

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México recriminó que al aprobar la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), la Cámara de Diputados haya pasado por alto las necesidades de las víctimas y sus familiares, al igual que el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda.

Señalan que durante las mesas de discusión convocadas por la Cámara de Diputados, fueron expresadas abiertamente sus principales preocupaciones en torno a la ley, para lo cual presentaron fundamentos técnicos, teóricos y prácticos; sin embargo, acusaron, los argumentos expuestos no fueron considerados.

Calificaron el hecho como simulación, pues los convocan, los dejan hablar, pero al elaborar y votar la ley, los dejan fuera.

La simulación al respecto, valga decir, es condenable, pero lo que resulta más grave y criticable es el incumplimiento del Estado mexicano respecto a no garantizar la protección y seguridad de los mexicanos.

Frente a tales circunstancias, rebasado el gobierno por la delincuencia, la sociedad no ha tenido más alternativa que organizarse, desatender sus actividades cotidianas, abandonar a sus familias y dedicarse a buscar a sus desaparecidos en Semefos, calles, cerros, laderas y los sitios más inhóspitos, con la esperanza de hallarlos, si no con vida, cuando menos sus restos para darles sepultura en algún sitio al que puedan ir a visitarlos.

Si los gobiernos cumplieran su responsabilidad, ¿habría necesidad de hacer esto?

Pero falla el Estado.

Como una manera de sobrellevar el problema de la desaparición, el gobierno ha optado por crear organismos como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuya función no es buscar desaparecidos, sino apoyar a los familiares que los buscan, mediante asesorías, ayuda psicológica y la entrega de algunos centavos que han terminado por ya no entregar más.

Es su gran aportación.

El mérito del que se ufana.

Algo más: asignar agentes del Ministerio Público y algunos agentes de las fuerzas armadas para resguardar a los familiares en su búsqueda.

Y lo pregonan públicamente como si estuvieran haciendo un favor.

Trabajo de acompañamiento, le llama.

Si hiciera el gobierno su trabajo, ¿qué necesidad habría de crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo trabajo no va más allá de indagar y formular recomendaciones que en la inmensa mayoría de los casos van a dar al cesto de la basura?

Amplían, sí, el aparato burocrático que refuerzan colocando amigos y recomendados.

En principio, ¿no debería emplazarse al gobierno a que proteja la integridad física y el patrimonio de sus gobernados?

Y si no puede impedir las desapariciones, ¿no debería ser él quien se adentre en la búsqueda hasta dar con las víctimas?

¿Por qué tiene que ser la población la que haga el trabajo de las autoridades al dedicarse a buscar a sus familiares ausentes?

El reclamo debería ir más allá de la Cámara de Diputados. n

El arranque de campañas de candidatos a alcaldes y a diputados constituyó el detonante de una guerra de ofertas políticas, cuyos autores, más que analizar si son viables o no, procuran que su pronunciamiento cause un sonido agradable en el oído de los electores.

Es obvio que sus ofrecimientos carecen del respaldo de los estudios correspondientes; es de dudarse que los candidatos a las alcaldías estén tomando en cuenta los presupuestos que manejarán este año y que prevén cómo podría ser el de los años que vienen.

Mientras tanto, los aspirantes a diputados se comprometen a mejorar los servicios públicos como si fueran a manejar recursos, en tanto su labor será la de hacer leyes para que el gobierno del estado y los ayuntamientos las ejecuten.

Así, cabría preguntar cómo piensa hacerle al que asegura que eximirá del pago de adeudos del impuesto predial a los contribuyentes de Acapulco, siendo que este gravamen representa el ingreso principal con que cuenta la alcaldía.

Sería interesante que el mismo político dé a conocer cómo es que piensa echar borrón y cuenta nueva a las deudas por consumo de agua potable, si el organismo administrador, la Capama, no depende del alcalde, sino de un consejo administrativo, por una parte, y por otra: la misma paramunicipal está urgida de recursos al estar en quiebra técnica y financiera.

En el caso de Chilpancingo, no son pocos los que están colocando el dedo en la llaga de la población: la escasez de agua. Manejan propuestas. ¿Ya pensaron cuánto costaría suministrar agua a los capitalinos desde el río Balsas? ¿Van a contar con el dinero para ello?

Después, no vaya a repetirse la misma historia de que, cuando fueron candidatos, no tomaron en cuenta la magnitud de sus promesas y estando en el cargo pretenden justificarse con el argumento de que sus partidas presupuestarias no dan para cumplir.

No vaya a ocurrir luego como le pasó a aquel gobernante que, habiendo prometido en su campaña acabar con la violencia, cuando estaba ya en la silla exclamó: nunca me imaginé que el problema fuera tan grave.

Prometió por prometer.

Harían bien, por tanto, que en una muestra de elemental decoro, pusieran los pies sobre la tierra y estudiaran bien lo que están ofreciendo a los electores, para que, llegado el momento, no se encuentren en la situación de algunos que tratan de hallar la salida a los reclamos sociales diciendo: estamos haciendo todo lo posible. Nos estamos esforzando; yo no puedo solo, en tanto la ley no anda con medias tintas, sino especifica concretamente que deben cumplir, no hacer como que hacen. n

Resulta condenable, efectivamente, la pretensión de hacer marchar a niños armados en la región de La Montaña.

Es cierto que, así sea con el consentimiento de los padres, el Congreso Indígena Popular de Guerrero Emiliano-Zapata (Cipog-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias del Estado de Guerrero Pueblos Fundadores (Crac-PF) violan así los derechos de los menores, cuyos progenitores incurren en la misma falta.

Aunque los niños actuaran por voluntad propia, el hecho no exonera a los impulsores del movimiento, porque los pequeños no están en condiciones aún de tomar decisiones de esa naturaleza.

Todo eso es cierto, pero no menos cierto es que el gobierno tiene la responsabilidad de proporcionar a los ciudadanos determinados satisfactores, entre los que sobresalen la educación, la atención médica y la seguridad.

Visto así, pareciera que en La Montaña están actuando al margen de la ley, pero pareciera del mismo modo que el gobierno no puede ufanarse de estarla cumpliendo.

Ni La Montaña respeta, ni la autoridad cumple.

Y ahí está el meollo del conflicto.

Y es que no se trata de que, si el chamaco suelta el llanto, hay que darle la mamila en automático.

Habrá que revisarlo: verificar si tiene hambre y alimentarlo si es el caso; llevarlo al médico si está enfermo; cambiarle el pañal si está orinado o si ya defecó; y si después de todo eso insiste en llorar, podría interpretarse como probable chantaje y entonces habrá que regañarlo y reprenderlo si es preciso.

En el caso que nos ocupa, en cuanto se percata de la convocatoria a que los niños marchen armados, la autoridad puntualmente condena y repudia, sin antes percararse de si Cipog-EZ y Crac-PC tienen razón en sus reclamos.

¿Ya enviaron a los pueblos los docentes prometidos? ¿Les construyeron las viviendas ofrecidas hace 15 meses? ¿Atendieron ya a los desplazados por la violencia? ¿Desterraron ya a los grupos criminales?

Alguien debería investigar, y si lo prometido ya se cumplió, preciso sería castigar a los manipuladores de niños; y si no se ha hecho, necesario es honrar la palabra gubernamental.

Si el chamaco está satisfecho, sano y bien cuidado, no tiene por qué dar lata.

Porque así como se ve la situación, si los líderes comunitarios merecen la repulsa, la autoridad –del nivel que sea– no merece precisamente el aplauso. n

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