La pérdida en Tecpan de al menos 5 mil hectáreas de mango en la región de los sanluises y la previsible pérdida de más de 500 hectáreas de plátano y papaya, a consecuencia de la sequía que este año ha afectado de manera más aguda que otros a extensas zonas del territorio nacional, es un ejemplo de cómo el control de precios no es más que una quimera.

Hay quienes desde la izquierda –la nueva izquierda mexicana, bien valdría precisar– pregonan esta medida como solución al problema de la inflación que a ratos asoma la cabeza en la nebulosa perspectiva del país en lo que a economía respecta. Muchos de ellos no son, por cierto, ciudadanos de a pie, sino que ocupan posiciones estratégicas en cuanto a foro, capacidad comunicativa y toma de decisiones, como el ser legisladores, federales o locales.

Pero esa receta ya ha sido aplicada, no sólo en México; también en muchos países que siguieron la ruta de la intervención determinante del Estado en la economía nacional. Y todas las veces que se le aplicó, el resultado fue un fiasco. No por nada –entre otras causas, por supuesto– se desintegró la más poderosa de las naciones del socialismo real: la Unión Soviética, y no por nada la China posterior a Mao Tse Tung decidió abrir su economía al mercado, si bien con robusta planificación estatal.

En el caso de los productores guerrerenses de los tres frutos mencionados, casi está de más explicar que ellos no tienen ningún control sobre el clima; si sobreviene una sequía tan aguda como la que ahora los aqueja, es casi seguro que perderán su cosecha o gran parte de ella. Y a la escasez seguirá la carestía, como bien saben los comerciantes y los compradores consuetudinarios, como las amas de casa: cuando un producto escasea sube de precio.

Un gobierno que se proponga mantener los precios tendría que intervenir con subsidios, tan onerosos como grave sea el descalabro de los productores. Pero ese dinero –lo sabe todo mundo, si bien a veces lo olvida– lo aportan los contribuyentes, los que pagan impuestos, es decir la generalidad de los ciudadanos, de manera que son ellos quienes acaban pagando el nuevo precio de los productos encarecidos. De algún bolsillo tiene que salir el dinero. n

Allá en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, región de La Montaña, son insistentes en el sentido de que el gobierno estatal no les ha cumplido lo que les prometió, sobre todo la construcción de viviendas, el envío de profesores y atención a desplazados y viudas.

El gobernador, Héctor Astudillo Flores tiene otros datos.

Explica que sí ha cumplido.

Menciona que apoyó a las viudas de un grupo de asesinados; se repusieron las camionetas quemadas en el ataque; se hicieron brigadas de servicio social en 24 comunidades; se les dio atención psicológica y se invirtieron 7.1 millones de pesos en la construcción de 32 viviendas en Chilapa y José Joaquín de Herrera para quienes perdieron a sus familiares en el atentado.

Precisó que cinco viviendas están suspendidas, pero que ello se ha debido a la pandemia del Covid, y que hay cinco puntos de seguridad instalados en la zona.

Pero resulta, de acuerdo con explicación de habitantes y policías comunitarios de Ayahualtempa, que todo lo mencionado por el jefe del Ejecutivo estatal comprende el cumplimiento de compromisos, sí, pero contraídos no con esa comunidad, sino con Alcozacán, municipio de Chilapa, a raíz de la matanza de 10 músicos perpetrada a mediados de enero de 2020.

En Ayahualtempa están desesperados.

“Nos han mentido, ya aplanamos los terrenos, eso nos pidieron hace seis meses, y es la hora que las casas no se comienzan a construir”, explican entre angustiados y preocupados.

“Ya es más de un año que nos ofrecieron ayudarnos, y nomás nada”, comentan.

Respecto a la seguridad, el mandatario afirma que hay cinco puntos de vigilancia permanente entre Chilapa y José Joaquín de Herrera, como fue solicitado por los comunitarios.

El coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) de Ayahualtempa, Margarito Silva, invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que visite ese lugar para que constate el abandono en que se encuentran.

“Queremos que el Presidente nos resuelva nuestras demandas que recibió, en la comunidad de Alcozacán, desde hace un año, donde se le plantearon al menos 10 puntos a resolver”, recriminó.

Respecto al regaño de López Obrador por armar a niños “porque existe seguridad en el estado de Guerrero”, respondió: “dice que hay seguridad, ¿Dónde hay seguridad? Porque nosotros no lo vemos, no aparecen; al contrario, ya quitaron a los –policías– que estaban en el crucero del Rincón de Chautla”.

Todo indica que también el Presidente tiene otros datos.

¿No deberían indagar, uno y otro mandatario, si la información que les reportaron está apegada a la realidad? Corregir, en caso dado, ¿no sería lo más justo? n

Cuando no se quiere cumplir algo, sobran pretextos para eludir la responsabilidad; cuando se quiere, no faltan medios para llevarlo a cabo.

Así, el delegado de Transporte en la zona Norte, Alan Francisco De la Sancha Arzate, justificó que ha sido complicado que se cumpla con 50 por ciento del aforo en el servicio público de transporte en Taxco para evitar el contagio del Covid-19, debido a que, dijo, “es un asunto multifactorial de educación y social”.

Igual ocurre en Acapulco, la ciudad más grande de la entidad, y seguramente también en el resto del estado: no se ha cumplido en ningún momento, desde marzo de 2020 en que comenzó la pandemia, con las normas sanitarias establecidas por acuerdo del gobierno estatal: aplicación de gel, sana distancia, toma de temperatura y uso de cubreboca, entre otras publicadas en el Periódico Oficial.

En el caso de Taxco, De la Sancha Arzate lo atribuye a “un asunto multifactorial”, en el que incluye la educación y el aspecto social.

La realidad, los hechos del día a día y experiencias del pasado muestran que el incumplimiento es producto del vacío de autoridad.

El transporte público –dígase autobuses y taxis– es el resultado de concesiones otorgadas por el gobierno a particulares bajo ciertas condiciones.

El gobierno es, pues, el rector del transporte; sin embargo, ha dejado el control y el poder a los transportistas, que actúan bajo sus propias leyes y condiciones.

Ellos rigen.

Ellos mandan.

¿Qué tiene que ver la educación y el aspecto social que pretexta el delegado?

Si el operador no cumple las normas sanitarias, ¿no puede el gobierno ejercer su autoridad sobre el chofer y su patrón, o sea el concesionario?

Si el usuario se resiste a acatar las reglas, ¿no puede el chofer impedirle el abordaje?

Si un cliente no lleva cubreboca no entra a un banco; tampoco a un supermercado; lo mismo a una tienda de conveniencia.

Y la gente acata.

Entonces, ¿por qué no sucede lo mismo en el caso del transporte liviano, sobre todo?

Porque no hay quien los supervise y los obligue.

Si un banco, un supermercado, una tienda de conveniencia, no cumple, lo sancionan.

¿Y a un transportista por qué le ceden todo el poder de decisión?

A los centros nocturnos, a los bares, los restaurantes, no les quitan el ojo, ni el garrote, de encima.

El director de Reglamentos y Espectáculos de Acapulco, Alejandro Fabián Mujica, informó este domingo con mucho orgullo que suman ya 295 clausuras de negocios que han violado las reglas sanitarias?

Turismo municipal ha reconocido que hoteles han pasado por alto el aforo de ocupación.

Entonces ¿cuántas concesiones de autobuses o taxis han cancelado o multado? ¿Cuántos hoteles?

¿Por qué el gobierno no aplica el mismo rasero?

La incongruencia es tan obvia que si la autoridad tuviera un poco de decoro, en vez de buscar pretextos para mantenerse como simple observador, se dedicaría a cumplir su responsabilidad. n

¿Cierto o falso?

Ago 03, 2021

¿En qué se basa el secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo, para asegurar que cayó del sexto lugar que ocupaba, al 27 en la producción de maíz?

¿Qué soporte tiene para su afirmación? ¿Qué estudios hizo o le hicieron para apoyarse? ¿Por qué no los presenta para dar peso a su declaración? ¿O es acaso la suya una actitud priísta emocional contra la Cuarta Transformación?

Si el señor no presenta datos, números, cifras, porcentajes, resulta difícil de creer cuanto asevera, así pudiera ser cierto.

Efectivamente, el reparto de fertilizante gratuito no ha sido ejemplo ni de eficiencia ni de honestidad.

Desde el primer reparto federal, en 2018, los campesinos se han quejado de una entrega tardía y hasta selectiva.

En una junta de evaluación entre autoridades y campesinos guerrerenses se abordaron las fallas, y el gobierno federal se comprometió a hacer cambios en la estrategia de distribución.

Entre otras medidas, se determinó eliminar al multicuestionado titular del programa de reparto, Jorge Gage Francoise, y que lo sustituyera el subsecretario de Agricultura, Miguel García Winder.

Si de deshonestidad se trata, baste citar la declaración de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en cuanto a que hubo una diferencia entre el número de sacos comprados –95 mil 965, cerca de 35 por ciento del total– y los distribuidos en Guerrero del Programa Nacional de Fertilizante en 2018, lo que constituyó un daño patrimonial por 127 millones de pesos.

¿Otra Perla?

La Función Pública detectó, asimismo, irregularidades por 91 millones de pesos en asignación de contratos en exceso que fueron pagados por la compra de fertilizantes.

Y las anomalías no acabaron ahí: el mismo gobierno federal reconoció en su momento que en 2020 se adquirió semilla de maíz tuxpeño a la asociación civil Semilleros Mexicanos Unidos, por un monto de 189 millones de pesos, que representa un sobreprecio de 36 millones de pesos.

¿Dónde están los culpables?

Impunidad total.

Por eso, si Romero Sotelo hablara de ineficiencia y corrupción, datos como estos servirían para darle credibilidad y la razón.

Pero si habla de tan fatal desplome en la producción, pues no hay manera de creerle porque no presenta pruebas.

En vez de una declaración seria y bien sustentada, parece más bien como si el señor hablara al peso del hígado.

Es un asunto demasiado serio que no debería pasarse por alto, pero hay que presentar cuando menos evidencias. n

Evidentemente, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Pueblos Fundadores (Crac-PC PF) equivocó la estrategia tendente a presionar a las autoridades para que supuestamente atiendan y resuelvan los problemas de La Montaña.

El coordinador de este grupo de comunitarios, Bernardino Sánchez Luna, había declarado que el gobierno del estado ha incumplido los acuerdos de brindar seguridad, vivienda, justicia, salud y educación a la región.

“En Ayahualtempa (municipio de José Joaquín de Herrera) no ha habido nada de apoyo… Hacemos un llamado al gobierno federal para que apoye a las nueve viudas de esta comunidad, a los 14 huérfanos y a los 34 desplazados”, dijo.

La respuesta fue inmediata, pero más que para atender los problemas, se centró en repudiar el acto de armar a los pequeños.

Inicialmente, fue el gobernador Héctor Astudillo Flores quien condenó el hecho, el cual calificó como un acto irresponsable.

Reconoció que hay un problema de violencia en la zona entre José Joaquín de Herrera y Chilapa –donde operan la policía comunitaria y un grupo delictivo–, pero aseguró que no se ha dejado de atender.

Dijo que, tras el asesinato de 10 músicos en enero del año pasado, el gobierno estatal apoyó a las viudas, repuso las camionetas en las que viajaban las víctimas, construyó 32 viviendas y envió brigadas de asistencia social a 24 comunidades.

Pero falta combatir a los delincuentes y castigar a los homicidas, pero el estado no tiene la capacidad de hacerlo, en tanto la Federación no se interesa también.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó al rechazo.

Advirtió que grabar un video de esa naturaleza no funcionará en su administración.

Pero no sólo el gobierno está en contra.

Otra Crac PF, la que tiene su sede en Alcozacán, reprobó haber armado a más niños y haberlos hecho desfilar.

Consideró que “utilizar de carne de cañón a los menores” ha sido “una decisión unilateral y ridícula”.

Parece ser, entonces, que la Crac-PC PF tendrá que utilizar otros esquemas de presión para lograr sus objetivos.

Pero todavía ayer hizo un llamado a las autoridades estatales y federales a no desestimar su movimiento armado, principalmente el de los menores de edad.

¿Falta algo por decir o hacer en el mismo sentido? n

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