“Es muy oportuna la recomendación, sale justamente en un momento de transición política en el país, es momento en el cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe hacer un análisis respecto a cómo, cuáles van a ser las rutas para cumplir esta recomendación”, señaló.

Hizo un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) que ha mantenido estancada la averiguación previa de Antonio Vivar por su asesinato,  y que no ha avanzado.

Sin embargo, resaltó que hay elementos balísticos que fueron recabados en la escena del crimen que comprueban el asesinato, pero que se “echan la bolita” tanto la PGR como la Fiscalía General del Estado (FGE) para darle atención al caso.

“Ahí hay responsabilidades penales, la propia Procuraduría General de la República declaró la profesora Xóchitl, denunciando la tortura de la que fue objeto, esa declaración la hizo en el año 2016, es la fecha que no se ha iniciado una averiguación previa, y ese llamamiento hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a iniciar una investigación por tortura”.

Remarcó que incluso hubo más profesores que denunciaron la tortura que padecieron en esa ocasión.

El abogado abundó que no hay motivos para que la PGR no inicie investigaciones penales, además de que en el estado se deben fincar responsabilidades a los mandos policiacos, incluso al gobernador de ese momento, Rogelio Ortega, y quién dio las instrucciones para desplegar el operativo en Tlapa.

Abundó que debe de echar una mirada el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas, a esta recomendación, para dar cuenta de lo que ha venido ocurriendo en Guerrero respecto del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas, que ha derivado de la muerte a muchos activistas sociales, no solo actuales sino también del pasado en los años 60.

“Exigimos que cese la persecución contra luchadores sociales y la cancelación de las órdenes de aprehensión contra los activistas que protestaron los días 6 y 7 de junio. Demandamos que las autoridades federales y estatales reparen el daño ocasionado a las víctimas y se garanticen medidas de no repetición”, destacaron en un documento que repartieron a los presentes.